José Luis Galende
Jueves, 1 de octubre 2015, 02:23
Cinco años después de la transferencia de las políticas activas de empleo que dieron origen a su creación, Lanbide logra la paz social con el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno vasco y las centrales UGT, LAB y CC OO, lo que permite abrir una ... nueva era en el organismo, con una plantilla de 918 trabajadores y las principales demandas sindicales satisfechas. Tres años de protestas de los trabajadores han sido necesarios para cerrar este conflicto, en el que el Ejecutivo autónomo se ha visto presionado por una infrecuente unidad de acción sindical de las cuatro grandes centrales vascas. El pacto, que se fraguó horas antes de la entrada en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo que consagra la ampliación de la plantilla en 104 trabajadores, no cuenta por el momento con el visto bueno de ELA.
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El Gobierno de Urkullu cierra así un frente que ayudó en parte a generar su partido, el PNV, al precipitar un acuerdo con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, en el que para escarnio y enfado del Partido Socialista de Euskadi (PSE), el entonces lehendakari Patxi López fue marginado del diseño final de la transferencia de las políticas activas de empleo. Tras el acuerdo de ayer, el organismo aborda una nueva etapa en la que, en palabras del consejero de Empleo, Ángel Toña, "podrá dar respuesta a las necesidades de quienes peor lo han pasado y están pasando": parados y perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Lanbide no es solo una institución "nuclear para nuestro sistema vasco de empleo", como lo definió el consejero, sino también el buque insignia de las políticas sociales del Ejecutivo de Urkullu. En sus oficinas se gestiona la vuelta al mercado de más de 155.000 parados inscritos, se atiende su orientación laboral y sus necesidades de formación, se evalúa y concede la Renta de Garantía de Ingresos que cobran cada mes más de 60.000 ciudadanos residentes en Euskadi y se concede a muchos de ellos prestaciones complementarias de vivienda.
Lograr la paz social en este organismo no solo permite a sus responsables y trabajadores centrarse en sus objetivos, sino que acaba con una de las estampas urbanas que más daño estaba haciendo a la imagen del Gobierno peneuvista, como eran las protestas ligadas a las oficinas que atienden a las personas con más necesidades. Y, por otro lado, aunque la negociación ha sido dirigida principalmente por el departamento de Función Pública que dirige Josu Erkoreka, el pacto es un éxito para anotar en la agenda del titular de Empleo y Políticas Sociales. Y es que fue de una reunión de Ángel Toña con los sindicatos de la que salió una tregua en el conflicto en mayo pasado, para iniciar una negociación que se ha cerrado con un apoyo sindical notable, a la espera de que ELA pueda unirse al mismo, lo cual constituiría todo un 'pelotazo' político para el consejero.
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Toña era consciente ayer del posible 'efecto demostración' de este acuerdo al señalar que "pudiera ser un ejemplo" en otras mesas sectoriales del Gobierno vasco, "y en general en todas las mesas que negocian convenios laborales en estos momentos también en empresas privadas". Así mismo, el hecho de que LAB haya firmado un acuerdo junto con UGT y CC OO es algo muy poco frecuente y puede hace soñar con que el acto se repita, pese a la vigilancia del 'gran hermano' ELA, en sectores donde la central de Ainhoa Etxaide no está alejada de las posiciones de las centrales de implantación estatal.
Compromisos
La Fundación Adecco ha alertado sobre la necesidad de contratar mayores de 45 años al alcanzar el envejecimiento en Euskadi su máximo de toda la serie histórica -desde 1975-, puesto que ya hay 141 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 en el País Vasco, la cuarta comunidad autónoma más envejecida de España tras Asturias (204), Galicia (188) y Castilla y León (185). En el conjunto del país, el porcentaje de envejecimiento alcanza el 114%, lo que significa que por cada 100 menores de 16 años, se contabilizan 114 mayores de 64. Se calcula que en 2030 los mayores de 65 supondrán el 30% de la población, frente al 18% actual.
En este contexto, el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, ha instado a "apostar por la fuerza laboral de más edad" y "los que más empleos están ocupando".
El documento suscrito ayer, que no cierra toda las reclamaciones e inquietudes sindicales, como UGT y LAB se encargaron de recordar en sendos comunicados, garantiza que unos 200 trabajadores no vean reducida su nómina a raíz de la aplicación de la RPT; marca el plazo de un año para la 'funcionarización' de más de 200 empleados laborales de Lanbide; da una solución para los 13 transferidos de adscripción provisional; soluciona el problema de 17 orientadores contratados al amparo del programa de RGI que se quedaban sin empleo al acabar el año, y contempla un compromiso para lograr la consolidación de casi un centenar de personas que ha conseguido estatus de indefinido por sentencia judicial. A la vez que evita la salida de la casi totalidad del colectivo de administrativos de RGI (130 de 158 trabajadores), informó UGT.
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Esta central, mayoritaria junto con ELA en Lanbide, señaló que quedan aún aspectos por solucionar que abordará a partir de ahora. También LAB se propone seguir en un debate "tan fundamental como es la reorganización de Lanbide en función de las necesidades del país". Por su parte, ELA consultará a sus bases para valorar el texto aceptado ayer por las otras tres centrales, antes de decidir si se suma o no al mismo. Una comisión de seguimiento, en la que participarán todos los sindicatos, se ocupará de valorar y velar por el cumplimiento del acuerdo.
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