Los beneficiarios de la RGI alcanzan el quinto récord consecutivo en lo que va de año

Desde comienzos del ejercicio, 686 perceptores más reciben una prestación garantizada por ley, cuya cuantía oscila entre 619 y 950 euros mensuales en función del número de miembros que integren la unidad familiar. La normativa vigente asegura unos ingresos mínimos de esa cuantía a los residentes en el País Vasco que cumplan determinados requisitos. Si ya disponen de algún tipo de renta por debajo de ese umbral -en miles de casos, unas pensiones por debajo de esa cantidad-, Lanbide les paga la diferencia.

La RGI constituye un hecho diferencial de la política de lucha contra la pobreza que aplica el Gobierno vasco. En ninguna otra comunidad existen ayudas de un importe tan elevado y extendidas a un colectivo tan amplio. Los partidos se han declarado "orgullosos" de esta iniciativa solidaria, aunque algunas voces -con el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), a la cabeza- han abogado por endurecer los requisitos para acceder a ella y han puesto en el punto de mira a determinados colectivos por los casos de fraude detectados.

Dos de cada tres perceptores de la ayuda -42.375 en mayo, el 63,8%- son de nacionalidad española. Los autóctonos son los responsables del incremento de los beneficiarios el pasado mes, ya que suman 47 más que en abril, mientras los extranjeros (23.998) se han reducido en cinco. Entre estos últimos sobresalen los procedentes de América del Sur (9.115), los países del Magreb (6.350) y el África Subsahariana (4.536).

El porcentaje de inmigrantes es muy superior en Álava: suman el 49%, casi la mitad de los beneficiarios de la RGI. A diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa, en ese territorio son mayoría los magrebíes.

El Gobierno vasco tiene presupuestados para este año 378,5 millones para abonar la RGI y otros 82,5 para la prestación complementaria de vivienda, una ayuda compatible con la anterior y dirigida a financiar el alquiler de pisos. En total, 461 millones, aunque la cifra definitiva dependerá de cómo evolucione el número de ciudadanos que cumplan las condiciones exigidas, ya que se trata de un derecho subjetivo reconocido por la ley al margen de que la dotación reservada al efecto sea suficiente o no.