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José Luis Galende
Domingo, 17 de mayo 2015, 01:03
Europa envejece y su población laboral también. Cada vez son más las personas que mantienen en la UE una actividad laboral por encima de los 65 años, la edad tradicional de jubilación que está siendo abandonada de forma paulatina por la mayor parte de los ... países, en una serie de reformas que tienen por objeto mantener la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones. Son excepcionales los casos en que ha bajado el número de trabajadores mayores de 65 años en el continente durante los siete de crisis económica; la población laboral que supera esa barrera ha crecido en la Unión en 1,2 millones de personas hasta rebasar los cinco millones. España es una de las excepciones, con una caída de 13.000 hasta las 135.400, pero en el último año se ha iniciado la recuperación.
La esperanza de vida crece en Europa cada década cerca de dos años. Este hecho, unido a la baja natalidad, lleva a un progresivo envejecimiento de la población y de la fuerza laboral, que se hace especialmente patente en un segmento de edad en que tradicionalmente las personas han estado retiradas.
Dentro de los países de referencia para España de la Unión Europea, es Portugal el que tiene una mayor proporción de población ocupada mayor de 65 años, con el 5,12% del total, según datos de Eurostat, pese a un fuerte descenso registrado desde le inicio de la crisis. El segundo puesto es para el Reino Unido,(3,64%), que ha duplicado su población en esa situación en los últimos siete ejercicios.
España, por el contrario, ni siquiera alcanza el 1% en este supuesto (concretamente, el 0,77% al acabar 2014), con 135.400 personas frente a las 148.300 que tenía al cierre de 2007. No obstante, hay que resaltar al respecto que en el último año la cifra de trabajadores en esa edad está creciendo ligeramente, es probable que como consecuencia del paulatino retraso de la edad de jubilación, que se encuentra ya este 2015 en 65 años y tres meses, y que en poco más de una década llegará los 67.
Reformas de las pensiones
Una de las causas de que en los primeros seis años de crisis haya bajado el número de trabajadores con más de 65 años puede estar en las decisiones particulares de miles de personas que, ante las incertidumbres que han propiciado las dos reformas de las pensiones llevadas a cabo, han optado por jubilarse sin dar opción a una posible prolongación laboral más allá de los 65 años.
Y eso que en España existen potentes incentivos para permanecer en la vida laboral a partir de la edad oficial de retiro, como la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, la posibilidad de compaginar pensión y trabajo, o el incremento de la prestación final resultante si el retiro se produce después de la edad legal de jubilación.
Y eso sucede en un país que algunas fuentes, como la OCDE, sitúan a la cabeza de la UE en esperanza de vida la nacer, con 82,5 años, solo superada en el continente por los no comunitarios Islandia (83 años) y Suiza (82,8 años). Si se toma la esperanza de vida de los que han cumplido 65 años, en España está en torno a los 21 años, aunque en esta ocasión está por detrás de Francia, con casi 22 años.
Precisamente es Francia otro de los países en el que los trabajadores mayores de 65 años se mantienen en tasas más bajas, con el 1,10% del total de ocupados, después de duplicarse holgadamente durante los años de crisis. En Italia, pese a que aún mantiene algunos de los supuestos de jubilación a edad más baja, los ocupados en esa edad son el 2,16%, mientras que en Alemania esa proporción alcanza el 2,57%, con ligero crecimiento durante la crisis , en especial en el último año. Dinamarca, país de referencia clásico cuando se habla de condiciones sociales y laborales, los trabajadores de más del 65 años representan el 2,97%.
Se trata de cifras que, en general, seguirán subiendo en todos los países, no solo por el aumento paulatino de la esperanza de vida en prácticamente todos ellos, sino también por las políticas públicas que tienden a elevar la edad de retiro, que es a la vez una política oficial de la UE, que presiona en esa dirección a los países miembros.
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