La RGI encadena el cuarto récord histórico del año pese a la mejora del empleo en Euskadi

La renta de garantía de ingresos (RGI) registró un nuevo máximo histórico de beneficiarios en abril pese a la mejoría del mercado laboral en Euskadi, que ya se deja sentir en las cifras del paro y en la afiliación a la Seguridad Social. La ayuda social destinada a cubrir las necesidades básicas de ciudadanos sin recursos fue cobrada el pasado mes por 66.332 personas, 23 más que en marzo, según datos oficiales de Lanbide.

Ese aumento, aunque modesto, sitúa el número de perceptores en un récord, el cuarto que encadena en lo que va de año. Desde comienzos de enero, 645 ciudadanos más se han acogido a una subvención garantizada por ley, cuya cuantía oscila entre 619 y 950 euros mensuales en función de cuántos miembros integran la unidad familiar. La normativa vigente asegura unos ingresos míninos de esa cuantía a los residentes en Euskadi que cumplan determinados requisitos. Si ya disponen de algún tipo de renta por debajo de ese umbral -en miles de casos, unas pensiones por debajo de esa cantidad-, Lanbide les abona la diferencia.

Dos de cada tres perceptores de la RGI -42.328- son de nacionalidad española. En este colectivo es en el que se ha concentrado el incremento de abril, ya que los extranjeros que la perciben (24.004) se han reducido en 57. Entre ellos, son mayoría los procedentes de América del Sur (9.137), los países del Magreb (6.331) y el África subsahariana (4.530).

En Álava el porcentaje de inmigrantes es muy superior: representan casi la mitad -algo más del 49%- al representar 4.866 de los 9.888 beneficiarios de la ayuda. En este territorio histórico, a diferencia de Bizkaia y Gipizkoa, el grupo más numeroso está compuesto por magrebíes.

El Gobierno vasco tiene previsto destinar este año 378,5 millones al pago de la RGI y otros 82,5 a la prestación complementaria de vivienda, una ayuda compatible con la anterior y dirigida a financiar el alquiler de pisos. En total, 461 millones, aunque la cifra definitiva dependerá de cómo evolucione el número de ciudadanos que cumplan las condiciones exigidas, ya que se trata de un derecho subjetivo reconocido por la ley al margen de que la dotación presupuestaria reservada al efecto sea suficiente o no.