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La DYA ha alcanzado un acuerdo para terminar con el «ruinoso» alquiler del local que tenía en la plaza Garellano, que se había convertido en su sede central desde 2021 y que suponía un «lastre» en sus cuentas. La asociación entregó el pasado martes las ... llaves del local, situado junto a la estación de Termibus, sin tener que abonar la millonaria penalización prevista en el contrato, según explican fuentes de la asociación. De forma paralela, la entidad benéfica ha vuelto ya a su antigua sede de Alameda San Mamés, que ocupaba desde 1985.
La vuelta de la DYA a su histórico local de Indautxu es algo más que un movimiento inmobiliario. Al margen del ahorro económico -unos 150.000 euros anuales-, el regreso a la calle Alameda San Mamés es un intento por «volver a las raíces» de la entidad. Y también un movimiento dirigido a tratar de dejar atrás su convulso pasado reciente, sacudido por el supuesto desfalco millonario cometido por su anterior presidente, Fernando Izagirre, según la denuncia presentada por los actuales gestores. Una gestión que colocó a la ONG al borde de la desaparición y la obligó a entrar en un concurso de acreedores del que no consiguió salir hasta el pasado octubre.
La polémica sede de Garellano de la DYA se estrenó en la primavera de 2021. La entidad benéfica dejó su antigua base para trasladarse a un nuevo local más grande -casi 900 metros cuadrados-, diáfano y moderno, situado junto a la estación de Termibus.
150.000 euros
al año pagaba la DYA por el alquiler de Garellano, sin derecho de compra.
Aquel movimiento inmobiliario parecía un síntoma de la buena salud financiera de la entidad. Sin embargo, la realidad de las cuentas era justo la contraria. Lo que tampoco se sabía entonces era la letra pequeña de la operación. La familia de un conocido constructor de Galdakao había comprado este local en 2016, que entonces se encontraba en plena construcción. En esa época, Izagirre, líder del PNV en esta misma localidad vizcaína, llegó a un acuerdo con el empresario para alquilar la instalación.
El pacto que alcanzaron fue el siguiente: un contrato a 25 años, con una renta mensual de unos 12.000 euros, sin derecho a compra y con una cláusula que obligaba a la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) a permanecer ahí todo el tiempo estipulado en el contrato. En caso de incumplimiento, estaba obligada a abonar los 25 años de alquiler. La operación tenía otra peculiaridad. En ese momento, el local estaba vacío. Necesitaba una profunda reforma, que se encargó a otro conocido empresario vizcaíno. Costó casi un millón de euros, que también abonó la DYA. La entidad también debía correr con el resto de gastos. Además, el local de Indautxu quedaba prácticamente sin uso. Esta «ruinosa» adquisición fue denunciada en los juzgados por la nueva dirección de la entidad. En realidad, visto en su conjunto, era sólo la punta del icerbeg del amplio abanico de irregularidades que los nuevos gestores de la ONG pusieron en conocimiento de la Justicia.
Tras revisar las cuentas y los documentos internos decidieron presentar una denuncia por malversación de fondos contra Izagirre, que dejó la presidencia de la DYA para hacerse cargo de la dirección de Emergencias del Gobierno vasco, un cargo del que tuvo que dimitir cuando la querella empezó a ser investigada.
Esa denuncia, que sigue todavía en instrucción judicial, sumergió en un sonoro escándalo a la entidad fundada en 1966 por el doctor Usparicha. Fue entonces cuando trascendió, entre otras muchas supuestas irregularidades, que el futuro de la DYA estaba en riesgo por los más de 5 millones de euros que adeudaba a la multinacional Eulen por la compra de Can Padró, un centro de adiestramiento de bomberos y personal de emergencias ubicado en Cataluña.
En estas circunstancias, la ONG entró en concurso de acreedores en febrero de 2023, incapaz de afrontar la abultada deuda que arrastraba con Eulen. Mientras trataba de cuadrar sus cuentas tomó otra decisión: recuperar el local de la calle Alameda San Mamés como la «sede central» de la entidad benéfica. Se trataba de una medida cargada de simbolismo, con la que los nuevos gestores quieren devolver a la entidad a sus «auténticas raíces». Frente a las inversiones en negocios millonarios fuera de Bizkaia, se trataba de recuperar la «esencia» que alumbró la gestación de una ONG que básicamente se sostiene por las aportaciones altruistas de miles de vizcaínos. El traslado a Indautxu se ha culminado estos últimos días, aunque empezó semanas atrás. Este es el último mes que la DYA paga el alquiler de Garellano. Según la entidad, el propietario ha accedido a romper el contrato sin tener que percibir la indemnización prevista.
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