La DYA garantiza su supervivencia al salir del concurso de acreedores

Ocho meses después, el juez ha puesto fin al concurso y ha devuelto el control de la entidad benéfica a la junta directiva después de que la DYA, todo un emblema en Bizkaia, haya conseguido «superar» la situación de insolvencia que la llevó al borde de la desaparición. La clave de esta resolución judicial, que garantiza la supervivencia de la ONG, se centra en el acuerdo alcanzado con Eulen, su principal acreedor, para traspasarle una serie de locales que «no utilizaba» a cambio de zanjar la deuda.

La actual directiva recurrió a esta herramienta legal con el objetivo de ordenar la situación económica de la entidad para poder continuar con su «labor solidaria». En realidad, se trataba de un último intento de salvar la institución. Y es que el concurso fue presentado en el peor momento de la historia de la organización fundada en 1966 por el doctor Usparicha. Además de las graves dificultades financieras que atravesaba, la entidad se encontraba inmersa en un profundo escándalo por las supuestas irregularidades cometidas por su anterior presidente, Fernando Izaguirre, exlíder del PNV de Galdakao, que dimitió de su cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco poco después de que se conociese que la actual junta directiva le había denunciado en los juzgados. La noticia de su renuncia fue adelantada por EL CORREO el 27 de abril de 2022.

Izaguirre y varios de sus socios están todavía hoy siendo investigados en un juzgado de Instrucción de Bilbao por supuestamente desviar millonarias sumas de dinero de la DYA a empresas catalanas que sólo ellos controlaban. Sus antiguos compañeros le acusan de desvíos de fondos y de administración desleal. Le atribuyen incluso el pago de hoteles, alcohol y muebles con dinero de la entidad benéfica. Una serie de actuaciones que -insisten- han llevado a la ONG a una situación límite, al borde de la ruina.

Entre las transacciones de Izaguirre que han sido denunciadas en los juzgados se encuentra, precisamente, la compra de Can Padró. Se trata de una operación compleja, pero que constituye una de las claves para entender la delicada situación de la DYA. La organización sin ánimo de lucro invirtió unos 12 millones de euros en 2009 para comprar a Eulen este centro de adiestramiento para emergencias situado en Barcelona. Sin embargo, la instalación, de unos 700.000 metros cuadrados, nunca reportó beneficios y se convirtió en un pozo sin fondos.

En 2013 la situación se volvió insostenible y alcanzaron un nuevo acuerdo con Eulen para devolver la titularidad de la finca a la empresa madrileña. También parte del inmovilizado y deshacerse de la marca Can Padró. Sin embargo, se quedaron con la deuda del fondo de comercio, que se valoró en 4,67 millones.

Es esta deuda la que ahogaba a la DYA. La ONG ha pagado estos años 3,4 millones por ese fondo y todavía tenían pagarés pendientes por 5,7 millones por los intereses. Durante meses, las negociaciones con Eulen no fructificaron. La entidad ofrecía varios inmuebles, pero la empresa madrileña rechazaba la oferta. La entidad benéfica dejó de cumplir con las obligaciones económicas con Eulen y recurrió al concurso de acreedores para tratar de ordenar su situación.

El juez nombró un administrador concursal, un profesional de la consultora Price Waterhouse Coopers. El informe realizado por el auditor evidenció que lo único que amenazaba la salud financiera de la DYA era su deuda con Eulen. De hecho, cifró la masa activa (los bienes en poder de la asociación) en más de 7 millones de euros, una cantidad que sería superior a la masa pasiva o deuda reclamada. Entre los activos se encuentran 23 propiedades (14 locales, una lonja y 8 plazas de garaje) y una flota de 42 vehículos (15 ambulancias, 4 quads, 2 motos de agua, dos e-bikes, un camión tráiler, un remolque de quad, un carro oruga y una grúa eléctrica). A finales de 2022 seguía teniendo 46.302 socios benefactores. Es decir, apenas perdió un 5% de su masa social desde el escándalo.

Se da la circunstancia de que Eulen ha terminado por aceptar ahora una oferta inferior que la que tenía antes sobre la mesa. Según fuentes de la DYA, la empresa se ha mostrado «muy comprensiva» con la situación de la ONG y «ha renunciado» a cobrar una parte «muy importante» de la deuda.