La Fiscalía pide que se investigue también a la interventora de Iurreta por acoso laboral

Dos semanas después de que la jueza de Durango abriera diligencias contra el alcalde de Iurreta, Iñaki Totorikaguena, por un presunto delito de acoso laboral contra la secretaria municipal, la Fiscalía solicita ahora la ampliación de la imputación por la misma causa a la interventora accidental. Fuentes de la investigación consideran que existen posibles «hechos delictivos» en la denuncia interpuesta por Irma Domingorena, la funcionaria interina destituida por la Diputación el pasado mes.

El Ministerio Público considera que en la resolución dictada el pasado 16 de noviembre por el Juzgado de Instrucción de Durango se incurre a «un error» al estimar únicamente la incoación de diligencias al primer edil. Entiende que debe investigarse también a la interventora por un posible delito de acoso laboral hacia su compañera.

En la denuncia que Irma Domingorena presentó 15 días antes de que fuera destituida como secretaria municipal de Iurreta, se detallaba que la interventora «acosa a su compañera, creando un ambiente muy tenso en el trabajo». Entre las «muchas» irregularidades «impactantes» que la demandante asegura haber descubierto desde que se incorporó al puesto el 23 de marzo, «la mayoría de ellas giraban en torno a la interventora».

Domingorena le acusa de «absentismo laboral» en reuniones, comisiones municipales y plenos de presupuestos, y detalla que no acudía a su puesto «al menos un tercio de su jornada». Ausencia que, en cambio, «ha sido justificada por el alcalde», explica en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico.

En este sentido, se menciona que la demandada «esgrime motivos de conciliación familiar, aun cuando percibe un complemento específico del 5 % por ampliación de jornada». El absentismo es «público y notorio, conocido por todo el personal municipal y por algunos concejales, que han tenido enormes dificultades para contactar con ella».

Pero también se le atribuyen irregularidades en su actividad, como el hecho de retrasar el pago de las nóminas a la plantilla, entre otras. Esta situación ha provocado el malestar entre «algunos trabajadores», tal y como han señalado en una serie de entrevistas adjuntadas en la demanda.

La destituida secretaria municipal estima que la interventora «ha impuesto una norma de ejecución presupuestaria por la que fiscaliza todos y cada uno de los expedientes administrativos tengan o no contenido económico presupuestario. Exige insistentemente informes de legalidad y amenaza con reparos, que prácticamente nunca materializa pero que amedrentan al alcalde».

La demandante interpreta el retraso en el pago de las nóminas como un «acto premeditado y deliberado» para enfrentarse a ella en el mes de agosto, aprovechando sus vacaciones, y «continuar con su costumbre de hacer a su antojo». Es por ello que en el momento en que recibe una llamada de la responsable de nóminas a quien también acosa la interventora, comunica a esta última por email que da por rotas las relaciones porque «las irregularidades que comete son presuntamente constitutivas de ilíticos penales y administrativos y no estoy dispuesta a que me arrastre en su mala praxis»

También mantuvo una conversación por whatsapp con el alcalde, en la que hubo un cruce de recriminaciones. El primer día que se incorporó al trabajo, según recoge la denuncia, Totorikaguena manifestó su deseo de cesarla «por falta de feeling».