La exsecretaria denuncia diez puestos sin oposición desde hace décadas en Iurreta

La exsecretaria municipal del Ayuntamiento de Iurreta, que fue destituida de su puesto en noviembre, una semana después de que denunciara al alcalde, Iñaki Totorikaguena, ante el Juzgado de Durango por «irregularidades en contratos menores», ha vuelto a mover ficha. Irma Domingorena ha denunciado ante la Inspección de Trabajo de Bizkaia la situación irregular en que se encuentran más de una decena de mujeres que conforman la plantilla municipal del Consistorio. Según detalla en la demanda, las plazas de estas empleadas, de entre 40 y 60 años de edad la mayoría de ellas, no se han sometido a oposición en las cerca de 30 décadas que las ocupan. Irma Domingorena hace hincapié en su demanda en la «desigualdad» que sufren por esta anómala situación tanto en el trato como en la brecha salarial con respecto a sus compañeros de menor cualificación.

Mientras la Inspección de Trabajo de Bizkaia estudia esta demanda, las denuncias interpuestas tanto contra el mandatario como contra la interventora siguen adelante. El regidor jeltzale está siendo investigado por los presuntos delitos de acoso laboral y prevaricación en el cese de esta funcionaria interina. La interventora, en cambio, por un presunto delito de acoso laboral a su predecesora en el cargo, quien igual que la exsecretaria municipal cesada, se ha posicionado como acusación particular.

Los dos acusados prestaron ayer declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Durango. Totorikaguena, por su parte, rehusó hacer declaraciones sobre la cita a este periódico. El acoso que la exsecretaria detectó por parte de la interventora a su predecesora fue trasladado al regidor en junio del año pasado. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el acoso persista. La falta de protección a la víctima y de desautorización a la presunta acosadora llevaron a la funcionaria destituida a presentar una denuncia al respecto ante Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, el pasado mes de enero.

Todas las denuncias interpuestas hasta el momento siguen su tramitación ordinaria. Al igual que la demanda que trasladó ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas de Estado en diciembre. Lo hizo con la única intención de demandar las presuntas irregularidades que detectó en el Consistorio y su posterior despido. Irregularidades en materia de contratación pública, así como en temas presupuestarios y contables que descubrió desde que ocupó su puesto el pasado 23 de marzo hasta que fue cesada a finales de noviembre.

Por otro lado, el juzgado contencioso-administrativo número 5 de Bilbao ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la exsecretaria para que se declare la nulidad de las actuaciones que han llevado a su cese. Tal y como hizo en su día por orden del Juzgado de Durango, la Diputación Foral de Bizkaia debe remitir el expediente administrativo para su valoración jurídica.

La destitución de la secretaria municipal estuvo precedido de una propuesta de cese voluntario por falta de 'feeling'. La negativa de la funcionaria, según esta misma, llevó a elevar su cese de su actividad ante la Diputación Foral de Bizkaia para «encubrir las presuntas irregularidades detectadas en contratos menores». precisó.

Fue destituida 15 días después de que interpusiera la demanda contra el alcalde y la correspondiente denuncia penal contra la interventora accidental por las irregularidades que había detectado, personándose como acusación particular ante «un cese arbitrario e injusto». En la demanda interpuesta alega que el alcalde comunicó a todo el personal administrativo que no se facilitara ningún documento ni expediente a esta secretaria aun cuando ejercía su cargo. «Pensaba que se tendría en cuenta que el alcalde está siendo investigado por una jueza, pero ya veo que no», lamentó la funcionaria tras recibir la notificación foral de su cese.