Durango pospone a octubre aprobar el incremento de los impuestos y tasas

El Gobierno municipal de Durango, formado por el PNV y el PSE, decidió ayer aplazar la aprobación de las ordenanzas fiscales –que prevén un incremento del 30% de la tasa de basuras y de hasta el 13% en el Impuesto de Bienes Inmuebles en 2025– para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal en cuanto al plazo obligatorio que debe respetarse para la presentación de posibles enmiendas.

De hecho, esta tramitación estipula un periodo de 15 días para alegaciones. Según explicó el propio Ayuntamiento, ha tenido que modificar su propuesta inicial en lo referente al umbral para el gravamen de vivienda, ya que el objetivo siempre ha sido que el número de inmuebles que verán incrementado el impuesto se mantenga en niveles similares a los actuales.

Como ya adelantó EL CORREO el pasado día 4, estos cambios estaban diseñados para «equilibrar la recaudación fiscal con la prestación de servicios públicos de calidad, adaptándose a las normativas actuales». El Consistorio apuntó que la tasa para viviendas e industrias se incrementaría debido a la actualización de los valores catastrales. Mientras, anunció una congelación de este impuesto para el comercio como forma de «apoyo» a los negocios locales.

Los partidos de la oposición, EH Bildu y Herriaren Eskubidea, mostraron su rechazo a estos dos ascensos. «Propusimos al gobierno moderar esta subida, ya que veíamos excesivo un incremento tan pronunciado. En concreto, planteamos un 4% para las viviendas ordinarias y un 8 para las de mayor valor, una subida acorde con la evolución de los salarios, pero PNV y PSE han preferido aliarse de nuevo con el PP», lanzaron desde la formación abertzale.

La formación independiente lamentó también las subidas importantes también para industria, comercio y resto de usos. «Algunas casas pasarán a pagar casi el doble que este año. Además, también hay que sumar los errores en la 'Ponencia de Valores', donde se recogen las cifras catastrales de las viviendas de la localidad», indicó.

Hasta ahora, el umbral entre la tasa ordinaria y la incrementada en vivienda estaba fijado en 180.000 euros de valor en el catastro, lo que implicaba que las casas con una cifra superior a esa cifra quedaban sujetas a un tipo impositivo más alto. Sin embargo, con la reciente actualización de la ponencia de valores realizada por la Diputación, cerca de un centenar más de inmuebles en la villa superan esa cifra, conllevando un aumento de la carga fiscal para sus propietarios, algo que no es el propósito de la propuesta municipal.

Con el fin de mitigar este impacto económico sobre los vecinos, el Ayuntamiento quiere garantizar la seguridad jurídica en el proceso. Además, el aplazamiento permite cumplir legalmente con el plazo de enmiendas tras la modificación de la propuesta inicial, antes de apuntar que cuenta con el margen necesario para aprobar las ordenanzas fiscales, ya que su entrada en vigor no está prevista hasta el próximo año. Este aplazamiento permitirá que cualquier modificación tenga en cuenta todas las circunstancias y propuestas posibles, asegurando un tratamiento justo y equilibrado para todos los durangueses.

Por último, los jeltzales Iker Txertudi y Julene Zamalloa y la socialista Sheila González tomaron posesión en el pleno de ayer como nuevos concejales. «Se incorporan con el compromiso de trabajar por el bienestar de todos los durangueses», expresaron fuentes municipales.

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