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El Ayuntamiento de Durango acogerá mañana un pleno que se prevé duro y polémico a las cinco de la tarde ante la propuesta de subir el 30% la tasa de basuras y el 13% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Como ya adelantó EL CORREO el pasado día 4, estos cambios, que serán aprobados por parte del equipo de Gobierno –formado por PNV y PSE–, están diseñados para «equilibrar la recaudación fiscal con la prestación de servicios públicos de calidad, adaptándose a las normativas actuales». El Consistorio apuntó que el IBI para viviendas e industrias se incrementará debido a la actualización de los valores catastrales. Mientras, anunció una congelación de este impuesto para el comercio como forma de «apoyo» a los negocios locales.
«La modificación de las ordenanzas fiscales viene condicionada, por una parte, por el incremento de los costes que ha tenido el Consistorio en la prestación de determinados servicios, y por otra, por la exigencia establecida por la Unión Europea relativa al déficit cero en el servicio de recogida de residuos», explican desde el Ayuntamiento.
Desde la oposición, EH Bildu se ha mostrado muy crítica con esta medida. «Propusimos al gobierno moderar esta subida, ya que veíamos excesiva un incremento tan pronunciado. En concreto, propusimos un 4% para las viviendas ordinarias y un 8% para las de mayor valor, una subida acorde con la evolución de los salarios, pero PNV y PSE han preferido aliarse de nuevo con el PP», lanzan desde la formación abertzale. «Además, la reciente revisión catastral, llevada a cabo por la Diputación con el respaldo del Ayuntamiento, sigue generando desajustes y situaciones incoherentes. Como resultado, muchas viviendas ordinarias verán incrementado su IBI, mientras que las viviendas unifamiliares se beneficiarán de una reducción», subrayan desde Bildu.
El principal partido de la oposición insiste en que «algunas de estas inconsistencias podrían haberse evitado si se hubiera trabajado de manera conjunta en la revisión catastral, pero una vez más el PNV ha dejado fuera otras voces». «Como consecuencia de su gestión, los chalés en Durango pagarán menos por cada metro que una vivienda en Muruetatorre o Ibaizabal. Muchas familias no serán plenamente conscientes de esta subida hasta el próximo verano, cuando reciban el nuevo cobro del IBI, momento en el que ya será tarde para reaccionar», detallan.
Desde Herriaren Eskubidea también mostraron su rechazo. «Nos mostramos contrarios al anuncio del equipo de gobierno para subir el IBI de todas las viviendas, con subidas importantes también para industria, comercio y resto de usos. Algunas casas pasarán a pagar casi el doble que este año. Además, también hay que sumar los errores en la 'Ponencia de Valores', donde se recogen las cifras catastrales de las viviendas de la localidad. Durante los cuatro años en los que esta formación formó parte del gobierno, solicitó en varias ocasiones a la Diputación una actualización de los valores catastrales», analizan.
En cuanto a las basuras, el equipo de gobierno ajustará la tasa para cumplir con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta medida obliga a todas las entidades locales a establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistemas de pago por generación de residuos. Su gestión incluye la recogida, transporte y tratamiento de los mismos.
Cada vivienda unifamiliar o bifamiliar aislada y las «agrupadas en hilera», siempre que estén ubicadas en suelo urbano, pagaban hasta ahora 41,63 euros. Para el resto de viviendas la tasa actual es de 37,86. Con la futura modificación, las tarifas aumentarían en doce euros de media.
Por otro lado, el Partido Popular presentará una moción en el pleno en cuanto a proponer un plan de medidas con el objetivo de «incentivar y apoyar a los titulares de viviendas que quieran ponerlas en alquiler». «El acceso a la vivienda a un precio asequible es una carencia hoy en día en nuestra sociedad en general y en Durango en particular, por ello, incentivar y apoyar al titular de vivienda para favorecer la puesta en el mercado de alquiler de más inmuebles, favorecerá que incrementando la oferta se puedan reducir los precios y en especial contribuirá a que los más jóvenes puedan acceder a una vivienda a un precio asequible y poder emanciparse y sacar adelante su proyecto de vida personal y familiar», explica su concejal, Carlos García.
Diferir o aplazar los tributos municipales en caso de impago del alquiler, usurpación u ocupación irregular del inmueble, hasta el cobro de la deuda o recuperación efectiva de la posesión del inmueble, la asistencia y asesoría jurídica e incentivos a las obras y reformas, son algunas de las medidas que el portavoz presentará.
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