Zaldibar reclama al Gobierno vasco que garantice la «seguridad» del vertedero

La inestabilidad del vertedero de Zaldibar genera una importante inquietud en las localidades próximas al basurero. Si la pasada semana era el alcalde de Ermua quien solicitaba al Gobierno vasco «actuar con la mayor celeridad posible» ante «el más mínimo riesgo» en su asentamiento, este lunes fue el Ayuntamiento de Zaldibar el que reclamaba adoptar «medidas urgentes» para garantizar la seguridad de la instalación ante la rápida pérdida de estabilidad que presenta la masa de residuos allí depositada.

La alcaldesa de Zaldibar, Eneritz Azpitarte, de EH Bildu, explicó que las conclusiones del informe emitido por la empresa Geología y Geotécnica Larrea S. L. el 8 de mayo «son muy graves» porque revelan que el vertedero presenta «graves riesgos ambientales por su peligrosidad y vulnerabilidad, tanto en el propio residuo como en la localización» por su «inestabilidad», el riesgo de que se produzcan «incendios» y la «generación de nuevos lixivados (líquidos en movimiento)». A esto se suma su emisión de «gases nocivos y olores» a la atmósfera.

El Ayuntamiento está preocupado tanto por la situación actual del vertedero como por la de las personas que residen en la zona e insta al Ejecutivo a actuar para garantizar su estabilidad de la instalación y realizar para ello las obras necesarias.

Según destacaron ayer Zaldibar Argitu y Ekologistak Martxan, en el informe encargado por el propio Gobierno vasco refleja que el factor de seguridad del vertedero era en abril de 1,15 puntos «con una tendencia descendente». Los colectivos advierten que por debajo de 1 existe riesgo de derrumbe y que cuando el Ejecutivo de Urkullu dio por finalizadas las labores de estabilización de la zona, allá por agosto de 2021, el factor de seguridad era de 1,6 en condiciones secas y de 1,4 en un escenario de fallos de drenaje. En base a estos datos ambas organizaciones afirman que «la situación se está agravando de forma preocupante». Y advierten que la masa de residuos «se está moviendo y hay grietas».

La empresa Verter Recycling, responsable del vertedero ofreció el pasado 2 de junio al Gobierno vasco los terrenos del vertedero como dación en pago de los 28,6 millones de euros que adeuda a la Administración por los costes derivados de la estabilización de la zona y búsqueda de los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, los dos trabajadores que fallecieron sepultados durante el derrumbe ocurrido el 6 de febrero de 2020 y que sufragó el Ejecutivo vasco. Los restos de Sololuze fueron hallados, no así los de Beltrán.

El Gobierno vasco reconoció hace dos semanas su «preocupación» por la falta de supervisión que ha recibido la escombrera en los últimos meses por parte de Verter Recycling, titular de la misma, que tampoco ha llevado a cabo el «sellado definitivo» del vertedero.

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