Aumentan un 8,9% las ayudas de emergencia social en Durangaldea

«En líneas generales se ha incrementado la demanda en todos los servicios que presta la Mancomunidad, es una tendencia clara y las administraciones debemos poner recursos sobre la mesa», señala su presidenta, Mireia Elkoroiribe. Ejemplo de ello será la puesta en marcha de un nuevo piso de urgencia social que estará operativo en Atxondo antes del verano. El órgano supramunicipal prevé aprobar en el pleno de este jueves el reglamento que regule su uso, estableciendo un máximo de cuatro meses de estancia entre los usuarios.

No obstante, subrayan que las solicitudes de ayudas están relacionadas, «cada vez más», con el envejecimiento de la población, fundamentalmente con la valoración de dependencia y el servicio de teleasistencia para personas mayores. El año pasado se registraron una media de 140 servicios mensuales, a un total de 181 personas usuarias, que requirieron 37.629 horas, –2.090 menos que el ejercicio precedente–, el 57% de ellas los cinco días a la semana.

Entre los servicios mancomunados se encuentra también la acogida nocturna para personas en exclusión, un dispositivo que ofrece a transeúntes y personas sin hogar, un lugar en el que pasar la noche, así como prestaciones básicas de pernocta, manutención e higiene personal. Durante el pasado año se registraron 88 nuevas demandas hasta llegar a 158 expedientes trabajados. «Nuestro compromiso es firme y seguimos incrementando los recursos para mejorar y consolidar los servicios que se prestan y ampliar la cartera. Este año la comarca contará ya con el primer piso para situaciones de emergencia social», apuntó Elkoroiribe.

De hecho, la Mancomunidad aprobará este jueves en pleno el reglamento que regulará la vivienda que estará operativa antes dl verano. Fue a finales de año cuando la entidad supramunicipal aprobó un convenio con el Ayuntamiento de Atxondo para la cesión temporal de una vivienda con ese objetivo. La finalidad del reglamento es regular el servicio de alojamiento a personas y unidades convivenciales que requieran una estancia de corta duración, con un máximo de cuatro meses, para poder hacer frente a casos de urgencia social o de violencia doméstica que no requieran medidas de protección.