Dueños de chalés de Leioa denuncian que no pueden venderlos al estar fuera de la ley

¿Pero por qué están fuera de la regulación urbanística? Para entenderlo debemos remontarnos a 1990. Fue entonces cuando el Consistorio aprobó por orden foral la modificación de las normas subsidiarias para sacar estos domicilios del planeamiento al verse afectados por el canal viario Eskugalde, un sistema de carreteras que posteriormente la Diputación desestimó. Nueve años después, el municipio aprobó su PGOU y dividió la calificación del parque en dos áreas: un sector urbanizable, en el que están ubicadas otras dos viviendas (los números 6 y 8), y otra área en el que se incluye la trama de espacios verdes libres. Es en esta última zona donde están ubicados los números afectados. El Consistorio alegó entonces mantener dicha calificación porque el primer borrador del subfluvial de Lamiako «discurría por este espacio».

El «inmovilismo» llevó en 2019 a uno de los dueños a poner un recurso contra el Ayuntamiento al aludir que debía «retirarse dicha calificación después de desaparecer el motivo que dio lugar a la misma». Tras varios pleitos, el TSJPV entendió finalmente en 2023 que las casas están situadas en un área que por definición «excluye la existencia de edificaciones residenciales» y que su modificación «requeriría la aprobación de un plan especial». Es decir, que los edificios son «incompatibles» con el PGOU actual. Los dueños critican sin embargo que «antes del parque ya estaban ellos» y exigen al gobierno local que les dé una solución.

Y lo piden con más fuerza después de que la cédula urbanística emitida en marzo de este año por el Consistorio dicte que «la situación de estos cuatro chalés es la misma que la de otros dos que están más abajo y que sí están ordenados». El informe, firmado por un técnico municipal, detalla que «no consta obstáculo alguno que impida la tramitación del referido plan especial».

Ante esta situación, el gobierno municipal señala haber «estado reunidos con la parte afectada» y apunta que los inmuebles se «regularán cuando se apruebe el nuevo PGOU». Pero no especifican cuándo podría ocurrir esto. Su revisión arrancó en 2021, lo que hace pensar que irá para largo. Todavía así, puntualiza que «si la parte interesada presenta un alternativa válida como instrumento de regulación, si es legal y viable, se valorará».

Los vecinos contratarán de hecho a un equipo redactor para que les desarrolle el plan con el que podrían poner orden a sus casas. «Igual nos cuesta 8.000 o 15.000 euros, pero mejor eso que mantener la situación», explica otro de los vecinos. «Todos los argumentos por los que el Ayuntamiento calificó estos inmuebles fuera de ordenación fueron tumbados. Y no entendemos por qué las dos casas que están abajo o el instituto sí están reglados y nosotros no. Es un peaje terrible», añade este propietario de 72 años.

García-Albi califica lo ocurrido como «bullying inmobiliario». «No creo que nadie haya tenido su casa 30 años fuera de ordenación. ¡Y pagando el IBI!». Ella denuncia que la calificación devalúa la casa. «No sólo es por dinero, sino por no dejar un problema a los hijos».