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El Ayuntamiento de Bilbao decretó a principios de febrero la clausura del Moma durante los dos próximos meses. Luis Ángel Rodríguez, uno de los dueños ... de la sala de fiestas, cree que se trata de un «acoso sistemático» que vienen sufriendo y no ha dudado en afirmar que la concejalía de Movilidad y Sostenibilidad busca «el cierre» de local de Rodríguez Arias para favorecer «los intereses» del hotel Ilunion, contiguo al club. Es más, el propio Rodríguez ha denunciado que el Consistorio envía sistemáticamente a un funcionario «todos los fines de semana a dormir al Ilunion para que haga mediciones de sonido de la discoteca para ver si en algún momento hay un pico de decibelios que sea sancionable».
El propietario del Moma recrimina esta actitud y alerta de que «los recursos municipales no se pueden desperdiciar de esta forma en una cuestión entre dos empresas privadas que tienen los tribunales ordinarios para solucionar los eventuales conflictos que puedan surgirles y más aún con 11 sentencias favorables a nuestra discoteca».
La disctoteca insiste en que se está produciendo «un acoso sistemático a nuestra actividad por parte de funcionarios y políticos municipales». Frente al último cierre, los propietarios de la sala de fiestas están valorando la posibilidad de iniciar acciones penales contra los responsables de este «acoso». Rodríguez ignora las razones que han llevado al Ayuntamiento a «proteger, no sabemos por qué, los intereses del hotel y no los de los vecinos. Su conducta injusta y desproporcionada no busca otra cosa que cerrar la discoteca a toda costa. Nos sometemos a lo que jueces y tribunales puedan resolver en relación con la suspensión de los cierres y, en su caso, de la nulidad de las sanciones cuando tengamos sentencia definitiva», concluye.
Rodríguez justifica la medida municipal «por un supuesto incumplimiento» de las medidas correctoras «en relación al sonido transmitido a una de las habitaciones del Hotel Ilunion, ya que no hay vecinos afectados». El empresario de ocio nocturno reconoce que el cierre decretado por la Administración local es «automático, por eso nos ha cogido por sorpresa. Como en otras ocasiones, hemos solicitado a los tribunales que acuerden cautelarmente la suspensión de la orden. En estos momentos –explica– estamos esperando a que se pronuncie al respecto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que tiene sus tiempos».
Luis Ángel Rodríguez lamenta que el comportamiento del Gobierno de Aburto está provocando un «perjuicio económico muy grave» a su empresa. «Los clientes nos preguntan por qué nos han cerrado», añade.
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