Dos años de cárcel para la presidenta de un edificio de Arangoiti por desviar 17.411 euros

La sentencia se notificó a las partes hace unos días y al haber sido dictada por el Tribunal Supremo es definitiva. La mujer, de 59 años, no ingresará en prisión puesto que carece de antecedentes. No obstante, tendrá que devolver las sumas que desvió de manera ilícita.

La historia de esta comunidad del barrio alto de Bilbao es la de un agujero económico que ha preocupado a sus vecinos en los últimos tiempos. El conflicto les ha obligado, además, a litigar y pagar abogados durante casi una década. Todo comenzó el 26 de noviembre de 2008, cuando la ahora condenada asumió primero la presidencia y después también la administración y el manejo de las cuentas corrientes del edificio.

«Al principio nadie sospechó nada. A mí sí me extrañó que fueran pasando los años y esta mujer no abandonara el cargo, pero tampoco le di mayor importancia porque ya se sabe que hay gente a la que le gustan estas cosas. Luego sí que ya vimos algo raro», cuenta uno de los afectados, que prefiere mantener el anonimato. El problema es que la vecina comenzó a apropiarse del dinero de todos muy pronto, apenas un mes después de tener acceso a las libretas bancarias del edificio.

La mujer se fue apropiando de pequeñas cantidades procedentes del cobro de las cuotas en persona, de transferencias o de disposiciones de efectivo. Para ello ponía en el concepto pequeños desembolsos que acreditaran su supuesta veracidad como 'goma del ascensor', 'pago arquetas' o 'desatasco canalones'. Según los jueces, estos movimientos se realizaron «sin justificación».

La condenada nunca «confeccionó las cuentas» anuales «ni hizo rendición de las mismas» ante sus vecinos. Sólo cuando en octubre de 2014, tras un mandato de seis años, abandonó el cargo y se le requirió que justificara algunos gastos, presentó documentación «en una bolsa». El nuevo administrador halló tres facturas a las que se le habían modificado «datos esenciales como el precio o la fecha», tal y como figura en el fallo del Supremo. «Cuando se descubrió el pastel, nos quedamos primero sorprendidos y, después, enfadados».

El caso empezó su recorrido en los tribunales en 2017 y la expresidenta acabó admitiendo los hechos. La estrategia de su defensa fue intentar demostrar que el asunto había prescrito, pero no tuvo éxito. «Afortunadamente, este tipo de casos son una excepción. Ha sido un tema doloroso», afirma Ricardo Lázaro, abogado de la comunidad. El letrado de la mujer no ha querido hacer declaraciones.