Las diputaciones elaborarán una norma común para «blindar» la plusvalía municipal

Mientras tanto, el «vacío normativo», que dejó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos la ley nacional por parte del Alto Tribunal la diputación de Bizkaia, lo ha solventado «a la mayor velocidad posible» con la publicación de decreto foral normativo y de urgencia el pasado 16 de noviembre. «Hemos determinado unas nuevas bases imponibles siguiendo las directrices marcadas por el propio Tribunal Constitucional», ha explicado Iruarrizaga.

Entre ellas, destacan dos variaciones que pueden tener su trascendencia para el cobro futuro de este tributo. La primera es que se sube del 0,10 al 0,15% la base imponible en Bizkaia, «equiparándonos al margen que ya tenía Gipuzkoa». En Álava este tipo de gravamen puede llegar hasta el 30%. En cualquier caso, Iruarrizaga ha matizado que estas cifras son límites y cada ayuntamiento puede establecer un porcentaje menor si así lo considera adecuado.

La segunda es que, en consonancia también con las medidas que se están adoptando a nivel nacional, se grava especialmente el traspaso de viviendas con un plazo inferior a los dos años. En concreto, deberán pagar un «325%» más de plusvalía en un intento de frenar el desarrollo de operaciones especulativas.

La Hacienda vizcaína también ha asumido los criterios del Decreto ley con el que el Gobierno central ha aprobado una nueva ley de plusvalía a nivel nacional y se establece un doble sistema para valorar la base imponible, y el contribuyente siempre puede elegir el que más le convenga. «Se da la posibilidad a los ayuntamientos de reducir a la baja sus valores catastrales y, sobre todo, se actualizarán los coeficientes anualmente en función de la evolución de los precios de la vivienda», ha explicado el diputado.

La comparecencia de José María Iruarrizaga fue solicitada por los grupos junteros del PP y Elkarrekin Bizkaia, que le han preguntado por la situación en la que han quedado los ayuntamientos. En ese sentido, el responsable foral ha puntualizado que la Diputación no gestiona los fondos de la plusvalía, que son «estrictamente municipales» y que solo 82 de los 112 localidades cobra este tributo. «Respecto a las posibilidades de reclamar plusvalías con carácter retroactivo, nosotros hemos copiado lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que no sabemos es cuántos impuestos tiene pendiente de cobrar cada ayuntamiento», ha asegurado. Y respecto a sus ingresos anuales, ha reiterado «que en la institución foral no tenemos control de este tributo y que la única cifra que conocemos en este sentido es por el Instituto Vasco de Estadística Eustat, que dicen que en 2019 las arcas municipales ingresaron 16,8 millones de euros por este concepto».

Además, los grupos junteros también le han preguntado si la Diputación tiene previsto establecer algún tipo de fondo de compensación por las posibles pérdidas que haya podido generar la sentencia del Constitucional a los ayuntamientos, petición que ya ha acordado hacer al Gobierno central la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Iruarizarraga ha subrayado en ese sentido que, de momento, «No hemos pensado» en ninguna medida paliativa de este tipo.