La Diputación zanja una disputa territorial con Cantabria de 5 siglos

El asunto ha quemado infinidad de etapas hasta llegar a este punto, y ha fomentado durante años una importante rivalidad vecinal y política. Desde el siglo XVI han mantenido un pulso las localidades de Trucíos y Guriezo, Euskadi, Bizkaia y Cantabria, a cuenta de los lindes y la propiedad de la pedanía de Agüera y el monte Fuentebosa, situados, kilómetro arriba o abajo, a medio camino.

El asunto ha dejado estampas como la de 1984, cuando portavoces vascos y cántabros se reunieron en el Pico Betayo, junto al mojón que coronaba la cima, para intentar llegar a un acuerdo. No pudo ser. En 1996 se desató la 'guerra de los carteles' cuando el alcalde de Guriezo echó abajo un tablón municipal y señales en euskera que había en la zona para poner los de la región vecina. «Si lo dejas, luego llegan a Castro y hasta Laredo», llegó a decir en 2005 el entonces presidente cántabro Miguel Ángel Revilla.

Dos años antes de eso, el Ministerio de Administraciones Públicas intentó resolver la disputa en 2003 con una decisión salomónica. El casco urbano de Agüera se quedaba en Cantabria y el monte Fuentebosa sería administrado por el Consistorio de Trucíos. Sin embargo, ninguna de las partes quedó satisfecha y requirieron el arbitraje a la Audiencia Nacional.

Desde Cantabria se esgrimía la validez del deslinde de 1739, aceptado entonces por Trucíos y que determinó que los terrenos en disputa pasaban a engrosar suelo cántabro. La parte vasca negaba la validez de este acuerdo y se remitía a un deslinde de 1852, basado en otro de 1552, que no fue reconocido por los organismos cántabros de la época. La Audiencia Nacional dio la razón a la comunidad vecina en 2005 y el Tribunal Supremo ratificó el fallo en 2013 tras desestimar los recursos del Gobierno vasco y la Diputación.

En 2019 quedó escenificado el fallo judicial. Ingenieros del Instituto Geográfico Nacional modificaron los mojones que delimitan el territorio de Cantabria y Euskadi en la zona. Aún así, no ha sido hasta estos días cuando el Gobierno foral vizcaíno ha rematado la operación. Son 500 de los 2.500 metros que tiene la BI-2617 los que han sido descatalogados para «adecuarse a la delimitación administrativa vigente» ya que «se encuentran dentro del término municipal de Guriezo».