La Diputación trasladará a los menores más problemáticos del centro de Sopuerta

El destino de algunos de ellos podría ser la localidad zaragozana de Ateca, donde existe una institución dedicada a este tipo de cuestiones y con la que el Gobierno vizcaíno tiene firmado un convenio. De hecho, ya ha trasladado allí anteriormente a varios menores no acompañados con este perfil. Lo gestiona la misma entidad que la residencia abierta en Las Encartaciones, la Fundación catalana Salud y Comunidad.

Pese a insistir en que la labor que se está desarrollando con la treintena de chavales sin vínculos familiares que residen en el Palacio Quintana de Sopuerta es «positiva», Antxustegi reconoció esta vez que se están registrando «problemas que estamos intentando encauzar». Una de las medidas adoptadas ha sido facilitar a la Ertzaintza el acceso al interior del recinto, tal y como adelantó EL CORREO anteayer. La Policía autonómica tiene «las llaves de la verja» del centro y está autorizada a entrar para realizar «controles pedagógicos». Según la Diputación, este protocolo se incluye dentro de la normalidad de la coordinación entre instituciones y ha negado que los agentes vayan a realizar controles «indiscriminados».

Bizkaia registra desde el pasado verano un incremento constante en la llegada de menas. Algunos se desplazan hasta el territorio por sus propios medios, pero otros lo hacen fruto del reparto determinado por el Gobierno central para aliviar la situación de los centros de las Islas Canarias. La presión migratoria se ha disparado durante el último año y medio. La llegada de cayucos desde las costas africanas es constante y está obligando a adoptar medidas extraordinarias. Los menores de edad no pueden ser devueltos a su país, las instituciones están obligadas a tutelarlos hasta que cumplen 18 años.

La Diputación enfrentaba esta situación con sus centros de acogida saturados. En septiembre, el último recuento oficial señalaba que había 310 chicos y chicas acogidos en trece centros con 287 plazas de capacidad. En noviembre, se puso en marcha un nuevo recurso en Ondarroa que está funcionando con absoluta normalidad, y a finales de año Acción Social puso los ojos en el Palacio Quintana de Sopuerta, un antiguo geriátrico que llevaba varios años en venta en un sinfín de portales inmobiliarios. Pese a las quejas vecinales, lo compró la Fundación Salud y Comunidad y empezó a funcionar en Semana Santa. Desde entonces, los incidentes provocados por una parte de los chicos son constantes.

Según ha podido saber este periódico, los 35 menores que residen en Sopuerta han sido divididos en tres módulos: cero, uno y dos. En el cero se concentran los que han sido identificados como más conflictivos precisamente por sus trastornos de conducta. Es habitual que chicos con peripecias vitales de esa clase presenten este tipo de problemas de salud. La cuestión es que los hechos que provocan no están siendo puntuales. A este grupo se atribuyen, por ejemplo, el robo a varios jóvenes de Sopuerta una noche de sábado, la agresión a dos trabajadoras del centro -no quisieron denunciar lo ocurrido-, la rotura de cristales y televisores y varios intentos de fuga. Un mena fue detenido en Bilbao por la Policía Municipal acusado de un robo con violencia. Otro huyó de una ambulancia que le trasladaba a un centro sanitario.

«Agradecimiento» vecinal

A cuenta de este último suceso, el sindicato LSB-USO ha reclamado que los sanitarios que acudan al centro de Sopuerta cuenten con escolta policial dentro de las propias ambulancias. La responsable foral de Acción Social negó ayer tener constancia de agresiones a estos profesionales y recordó que el contingente de personas que se envía a cada servicio se determina cuando se recibe la llamada de emergencia en el 112.

Pese a los contratiempos, Amaia Antxustegi hizo un «llamamiento a la mesura» y quiso destacar en su comparecencia tras la celebración del Consejo de Gobierno de la Diputación la «buena coordinación» que mantienen todas las instituciones implicadas en el funcionamiento del centro de menores de Sopuerta. Citó al «equipo de educadores de primera» que trabaja en el Palacio Quintana, a la Ertzaintza, al Ayuntamieno por «volcarse en ofrecer alternativas socieducativas» a los menores, y a los vecinos. A los residentes del entorno, que se han manifestado en varias ocasiones advirtiendo de que su municipio no está preparado para una instalación de ese tipo, les agradeció «la gran acogida que han dispensado ayudando a la integración».