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La Diputación tiene desde 2009 un programa específico para combatir el fraude fiscal. Aflorar el dinero que algunos contribuyentes dejan de pagar, especialmente por IVA y el Impuesto de Sociedades, se ha convertido de un tiempo a estar parte en un objetivo de primer orden ... para el Gobierno foral. El dato más reciente lo ha ofrecido hoy lunes la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, durante una comparecencia en las Juntas Generales: en quince años se ha detectado en Bizkaia un agujero de 6.412 millones de los que se han recuperado el 92%. La cantidad equivale, más o menos, al presupuesto que se gasta el Departamento de Acción Social durante una década.
El Gobierno foral cuenta actualmente con medio centenar de funcionarios dedicados exclusivamente a estas cuestiones. Se dividen en seis equipos que se han ido creando con los años y trabajan en labores de prevención, recopilación de datos cuando existen sospechas y en la regularización y el cobro de las cantidades pendientes cuando la elusión fiscal se confirma. El año pasado, por ejemplo, desarrollaron más de 5.000 actuaciones. Y resulta que a veces también cuentan con ayuda exterior para desarrollar su trabajo. Hacienda tiene habilitado un buzón para recibir denuncias ciudadanas anónimas... y funciona.
Según ha revelado durante su intervención de este lunes Berrojalbiz, en 2023 la Diputación recibió a través de diferentes canales hasta 217 alertas en las que se señalaba a otros contribuyentes por estar incurriendo en fraude fiscal. La comunicación es confidencial y debe ser verificada antes de nada, aunque en muchos casos los datos que aportan los denunciantes parecen atinados. El último ejercicio un centenar de estas quejas –el 46%– derivaron en inspecciones fiscales. Lo que no aclaró la titular del Departamento de Hacienda es cuántas de ellas permitieron detectar a infractores y, en su caso, el dinero recuperado.
Aunque desde hace más de una década existe un formulario disponible en la web de Hacienda para formalizar este tipo de quejas –IDP– en el que el denunciante identifica a la persona contra la que se interpone la denuncia, describe el hecho denunciado y, si es posible, aporta documentación que permita acreditar los hechos, lo cierto es que también se aceptan mails, y escritos presentados en alguna de las oficinas que la Diputación tiene abiertas por el territorio.
Aunque son aproximadamente la mitad de las denuncias las que provocan actuaciones de la inspección, eso no quiere decir que el resto sean archivadas al no darse por buenas. En algunos casos la falta de pruebas impiden a Hacienda desarrollar la investigación correspondiente. En todos los casos las quejas son anónimas: el denunciante no sabe si la queja fructifica y el denunciado no sabrá de dónde viene la información.
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