El gerente del Instituto Foral de Acción Social (IFAS) notificó la semana pasada a la plantilla la suspensión cautelar del proceso selectivo convocado el pasado ... diciembre para cubrir 20 plazas de técnico superior en integración social. La OPE tenía como objetivo principal la estabilización de parte del personal laboral y ha sido paralizada debido a las denuncias presentadas ante sendos juzgados de Bilbao por dos aspirantes que se quejan de la alta exigencia de euskera. Concretamente, 18 de los puestos a cubrir requerían acreditar PL3, el perfil lingüístico equivalente a contar con el título EGA, en el momento del examen. Eso suponía el 90% de la oferta de plazas.
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La Diputación apela a razones de «prudencia y seguridad jurídica» para paralizar la oposición. Lo hace porque el caso guarda muchas similitudes con el de otra OPE foral para estabilizar a 77 administrativos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tumbó en enero al considerar que los requisitos de euskera eran «desproporcionados» y que «minimizaban las aspiraciones de acceso al empleo público» de los aspirantes castellanoparlantes. Más del 80% de las plazas tenían perfil lingüístico y el concurso también fue impugnado por un candidato.
El Gobierno foral ya ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al considerar que la oposición paralizada por el TSJPV está bien diseñada y reivindicando su competencia para definir los criterios de selección. Aún así, ha empezado a tomar medidas preventivas en otras OPE para evitar repetir el guion o generar «daños de difícil reparación». Esto es: designar funcionaria a alguna persona a la que luego hubiera que retirar el rango si el proceso se judicializa.
La primera decisión, adelantada por EL CORREO el mes pasado, ha sido relajar «puntualmente» los requisitos de euskera en las oposiciones que tiene que seguir convocando hasta que el Supremo se pronuncie. A partir de ahora el 50% de las plazas saldrán a concurso sin requisito de euskera y sus adjudicatarios, en el caso de que la plaza obligue a acreditar el conocimiento de la lengua, tendrán más tiempo para hacerlo.
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La cifra se ajusta, más o menos, a la legalidad porque según el Plan de Normalización del Euskera de la Diputación, renovado recientemente, son el 47,7% de los funcionarios forales los que deben acreditar que tienen el conocimiento de euskera exigido para sus funciones. La cifra es el resultado de sumar el porcentaje de la población vizcaína que, según el Eustat, domina el idioma (37,94%) o tiene conocimientos (19,69%) y restar a los menores de 2 años. Ahora mismo de los 3.191 puestos de la administración hasta 2.585 tienen fijada una fecha de preceptividad en la que el funcionario deberá acreditar un perfil lingüístico. Supone el 81% de la plantilla.
La segunda decisión es echar el freno a la oposición del IFAS que fue convocada el pasado 18 de diciembre en cuanto se ha tenido conocimiento de las demandas interpuestas ante los juzgados de lo social 4 y 9 de Bilbao. En ambas, además de poner en cuestión los requerimientos lingüísticos, se reclama la paralización cautelar de la OPE. Así se ha decidido hacer «entretanto alcancen firmeza» las sentencias que se emitan a partir de ahora. Las relativas a este proceso en particular o la del Supremo que siente jurisprudencia.
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