La Diputación aumentará las inspecciones en las residencias a partir de ahora

Hace muchos meses que comenzó a escucharse que eran necesarios más medios en las residencias. Es una demanda anterior incluso al coronavirus, pero que cobró fuerza cuando la pandemia se coló en los centros por primera vez. Una vez dentro, tal y como vaticinaban los expertos, causó estragos. Cuando por fin el patógeno desapareció en julio de los geriátricos, había provocado 292 víctimas mortales y existían dudas sobre la causa del fallecimiento de otra treintena de dependientes. Familiares y sindicatos exigieron más medidas para una segunda oleada que se esperaba en otoño. Desgraciadamente, no tardó tanto. A principios de agosto, el virus volvió a penetrar en las residencias. La segunda oleada ha dejado 70 muertos en los centros de mayores vizcaínos.

Eneritz de Madariaga, portavoz de Podemos, defendió este lunes que con la pandemia «han quedado al descubierto las limitaciones» de las residencias, que calificó como «un espacio poco o nada seguro para nuestras personas mayores». Una semana antes, en el Pleno de Política General, la juntera de EH Bildu Arantza Urkaregi señaló que «uno de cada cuatro muertos vascos de la segunda ola está en las residencias de Bizkaia». Replicó el diputado general «con un dato que aporta contexto, y es que Bizkaia tiene el 54% de las plazas residenciales vascas». Desde las bancadas de la oposición se criticó el «oscurantismo» y la «falta de transparencia». Lo cierto es que el Gobierno foral ha modificado su postura en esta segunda oleada. Hasta el verano, no concretaba en qué centros había contagios y ofrecía los datos de víctimas mortales solo a final de mes, a diferencia de las diputaciones alavesa y guipuzcoana. Desde verano, Acción Social detalla los dos datos en cada uno de los partes que emite cada 48 horas.

El paso que la Diputación acometerá a partir de ahora -sigue siempre los mandatos mayoritarios de la Cámara, y no cabe duda de que lo hará después de que jeltzales y socialistas mostraran su apoyo expreso- es un refuerzo de las inspecciones ya existentes. En la campaña anual los técnicos visitan todos los centros y este año, según explicó en mayo el diputado Sergio Murillo, se revisaron en abril de forma extraordinaria las instalaciones donde se habían registrado brotes. En aquellas visitas, algunas con expertos de la Consejería de Salud, se comprobó la carencia de mascarillas y otras medidas de prevención, así como problemas para aislar a los contagiados. Fue entonces cuando se abrió Birjinetxe para concentrar a los positivos. Acción social abrió una investigación en dos residencias. En julio se supo que la Fiscalía General del Estado tiene abiertos 209 expedientes sobre centros de mayores pero sólo hay un caso en Euskadi y no está en Bizkaia. Afecta a un centro alavés por la muerte de un dependiente vitoriano.

Parece evidente que lo sucedido este lunes en la Casa de Juntas tiene algo de gesto hacia los agentes sociales que han demandado más medios materiales y humanos y más control sobre lo que sucede puertas adentro de los geriátricos. Hace dos semanas, Iraide Urriz, portavoz de Babestu, reclamó en una manifestación ante el Palacio foral la adopción de medidas «porque es evidente que los protocolos están fallando y porque el virus está en los centros medio año después. No se han tomado medidas suficientes para la segunda ola», censuró. Las familias pidieron «más personal ahora que además no podemos visitarles». La semana pasada, cuando las cifras de contagios en Euskadi dieron un respiro, se abrieron los paseos terapéuticos con familiares y los centros de día.

Pero la reflexión de los mandatarios vizcaínos sobre este asunto va más allá. El pasado lunes, Rementeria hizo girar su discurso en el pleno más importante del año en «un cambio del modelo residencial», con centros más pequeños, de apenas una veintena de dependientes. Apostó también por que hubiera alguno de mayor tamaño en cada comarca similar a Etxetic, un proyecto que abrirá sus puertas en diciembre en la bilbaína calle Marcelino Oreja y desde donde gracias a la tecnología se controla el estado y la evolución los mayores, que pueden «seguir en sus domicilios, como es su deseo mayoritario». Se cita este modelo en la iniciativa pactada este lunes por PNV, PSE, Podemos y EH Bildu, y en la que el PP votó a favor. «No queremos que una cortina de humo con el modelo oculte lo realmente importante, que es lo que está pasando en las residencias», defendió la juntera popular Amaya Fernández.