La Diputación y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) han reactivado la tarde de este jueves la comisión mixta creada para revisar la financiación de los ayuntamientos vizcaínos. El foro fue constituido en 2022 y no se reunía desde enero del año pasado. En su nueva etapa han cambiado todos los interlocutores, pero se mantiene el equilibrio de fuerzas entre los representantes municipales. Dos tiene el PNV, y uno EH Bildu y PSE respectivamente. La gran novedad es que Bilbao esta vez sí tendrá voz y voto en unas reuniones en las que se debe dirimir, entre otros asuntos, si la capital está sobrefinanciada y debe ceder parte del dinero que recibe de la Hacienda foral a otros pueblos.
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Lo que está sobre la mesa es la posible modificación de los criterios de reparto del Fondo Udalkutxa que entrega el Gobierno foral en base a su recaudación de impuestos y que supone el ingreso principal con el que todos los consistorios del territorio configuran su presupuesto anual. Bilbao recibe un fijo –casi 410 millones en 2024– mientras que la aportación al resto de localidades oscila en función de diferentes variables: población, dispersión, tasa de paro, que haya o no playas...
El foro celebró tres reuniones, la última hace 17 meses. La Diputación se comprometió a relanzarlo tras las elecciones municipales, pero ha necesitado un año más. «La necesidad de actualizar la financiación municipal a las nuevas realidades y al marco legal actual, casi veinte años después de la aprobación de la Norma Foral de 2005 parece clara», ha dicho el diputado de Administración Pública, Ager Izagirre, en el reestreno.
Criterios mediambientales
Junto a Izagirre integran la comisión el director foral de Relaciones Municipales, Imanol Landa, la alcaldesa de Erandio Aitziber Oliban, el de Abadiño Mikel Urrutia y el de Ermua, Juan Carlos Abascal y la concejala de Bilbao Marta Ajuria. A los acuerdos adoptados por sus predecesores para incorporar al modelo de financiación municipal la cuantía de los fondos de ayuda para servicios sociales los nuevos interlocutores han añadido una primera novedad. Se baraja la posibilidad de incluir un «criterio medioambiental» a la hora de realizar el reparto de dinero entre los consistorios.
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