La Diputación descarta trasladar a sus funcionarios a la Torre Bizkaia

Izagirre ha comparecido para anunciar que la Diputación tiene sobre la mesa un informe elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) que le plantea varias alternativas para reorganizar a un millar de los 3.000 funcionarios que trabajan para el Gobierno territorial diseminados por las 31 sedes existentes en Bilbao. Además de intentar agilizar los trámites presenciales de la ciudadanía y mejorar la eficiencia energética, la iniciativa tiene un importante componente económico: reducir el gasto público en alquileres y abrir la puerta a operaciones inmobiliarias que permitan transformar en viviendas alguna de las históricas oficinas forales que vayan a quedar vacías. Tal y como está el mercado, el momento es ideal.

El análisis de PWC plantea tres opciones a la administración para mejorar. La primera sería realizar «pequeños movimientos» entre sedes «eliminando algunas de ellas para reagrupar servicios». La segunda propone «unificar» las oficinas de los nueve departamentos forales en solo nueve edficios. La tercera es la más ambiciosa porque insta a alquilar o construir «un gran edificio» en Bilbao para «centralizar la mayor parte de los servicios». Tendría en torno a 20.000 metros cuadrados, y la consultora asegura que es la alternativa que «contaría con la aprobación de buena parte de la población».

A partir de aquí la pelota está en el tejado foral. «Iniciamos un proceso de reflexión», ha anunciado Izaguirre. La decisión no se tomará a corto plazo, pero tampoco se quiere posponer en exceso. La Diputación aspira a dejar solucionado el asunto antes de que acabe el actual mandato en 2027. La construcción de una sede o la mudanza total de trabajadores llevaría más tiempo seguro.

La necesidad de racionalizar los servicios forales está sobre la mesa de los sucesivos diputados generales desde comienzos de siglo. El primero que soñó con un gran edificio en el que instalar a los trabajadores de la administración fue Josu Bergara, puso el foco en la que ahora es la Torre Iberdrola, que por aquel entonces estaba por construirse, pero la crisis de los años posteriores desbarató la operación y obligó a José Luis Bilbao a echar el freno. La idea fue retomada por Unai Rementeria en 2016, cuando encargó a PWC un primer informe que volvió a confirmar que hay un exceso de sedes. En este camino el Gobierno vizcaíno se encontró con la posibilidad de hacerse con la antigua torre del BBVA en la Gran Vía y allí a parte de sus trabajadores. La pandemia y la creación de BAT aparcaron el proceso.

El Gobierno vizcaíno que lidera Elixabete Etxanobe vuelve a tener el plan de sedes entre las prioridades de su plan de mandato, presentado al poco de que la diputada general y su equipo tomaran posesión hace año y pico. Desde 2023 la administración vizcaína tiene reservados 50 millones para una operación a la que, por una cosa o por otra, le sigue costando cristalizar. Hace justo un año se convocó un concurso público para actualizar el informe redactado por PWC al que solo se presentó PWC. Sin embargo el proceso se declaró desierto porque la oferta de la consultora fue rechazada por defectos de forma. Al segundo intento la Diputación formalizó el contrato con PWC el pasado verano y ya tiene las conclusiones.

Ampliar

Mientras se decide la Diputación está abonando 2,6 millones por el alquiler de sedes. De sus 32 oficinas principales diez están arrendadas. Más allá de la Torre Bizkaia destacan, por ejemplo, los 33.000 que cuesta cada mes el edificio que ocupa la sociedad Beaz en Sabino Arana, los 34.000 de las oficinas de Igualdad en Urquijo y los 24.000 de las de Acción Social en Lersundi. Una de las sedes que tiene más papeletas para ser vaciada de las primeras es la que comparten los departamentos de Cultura, Transportes, Sostenibilidad, y Administración Pública y la sociedad Bizkaikoa en el Edificio Delclaux. El inmueble tiene 11.901 metros cuadrados y se ubica en una de las manzanas más codiciadas de Bilbao, entre Alameda Rekalde e Iparraguirre. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la capital vizcaína, aprobado definitivamente en 2022, contempla movimientos en la zona porque su uso ha sido recalificado de departamental a residencial.

Todo esta preparado pues para que las oficinas forales dejen paso a viviendas cuyo precio de mercado en 2020, cuando se aprobó el PGOU provisional, se calculaba en torno al millón de euros. La recalificación afecta a todo el edificio excepto a los bajos, donde se mantendrá la Sala Rekalde. A cambio de una operación que puede dejar en las arcas de la Diputación un dinero considerable, y de otra similar en La Casilla, el Gobierno vizcaíno cedió al Ayuntamiento las fincas que conforman la explanada de San Mamés.