La Diputación cobrará un peaje a los camiones antes de fin de año

En este último caso, la medida responde a la voluntad de la Diputación de hacer efectivo el principio de que quien usa y contamina, paga. Y también a que la institución foral aprecia un desajuste en el hecho de que haya que pagar para llegar al Puerto de Bilbao cuando se viene de San Sebastián por la AP-8, pero no cuando se procede de Santander. Y, según los responsables de la administración vizcaína, el Puerto y 'La Paloma' son dos de los principales 'reclamos' para los transportes pesados.

El proyecto fue presentado el pasado mes de junio por el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales. Ahora comienza a coger forma, justo cuando el alza de los combustibles ha provocado un paro de los transportistas. Los dirigentes vizcaínos justificaron entonces el cobro por usar esas carreteras en que «unos 80.000» vehículos pesados ruedan cada día por el territorio.

Aunque la Diputación anunció que el cobro a los camiones será una realidad en otoño, lo cierto es que las empresas adjudicatarias del servicio lo pondrán en marcha de forma gradual, lo que significa que en algunas vías no estará en marcha antes del año que viene. La adaptación de la N-240 y la BI-625 es la más avanzada. Fue adjudicada el pasado noviembre, por 14,5 millones, a la unión temporal de empresas formada por Bidelan Gipuzkoako Autobideak y Gertek Sociedad de Gestiones y Servicios. Disponen de un año para ponerlo en marcha, lo que implicaría que ya funcionaría el próximo noviembre.

El segundo de los contratos, el que afecta a la A-8, la N-636 y la N-637, lo ha firmado este mes la entidad foral con la UTE que integran Construcciones Amenabar y el proveedor de tecnología Kapsch Traffic Com. En este caso, los trabajos tienen un precio de 15,1 millones y no estarán listos hasta el próximo año. La firma que se encargará de instalar los 16 arcos en estas vías precisó ayer que disponen de 20 meses para desarrollar los trabajos.

Javier Aguirre, CEO de la firma para España y Portugal, defendió ayer que «esta tecnología, al eliminar las tradicionales cabinas y barreras para mantener la fluidez del tráfico, contribuye a reducir la emisión de gases a la atmósfera, al no tener que frenar y arrancar de nuevo el vehículo en el área de cobro». La disminución del CO2 es uno de los grandes objetivos de la iniciativa. La Diputación calcula que se reduciría en 7.140 toneladas al año, una cifra que supone en torno al 12,8% de las emisiones generadas por el transporte de mercancías.

El grueso del presupuesto, en cualquier caso, no es ni para la obra civil ni para adquirir estos dispositivos. La Diputación ha adjudicado un tercer contrato por valor de 20,6 millones a Bidelan Gipuzkoako Autobideak y Transbisa Gestión de Infraestructuras para que en los próximos cuatro años y medio se ocupen de integrar los equipos en el sistema de peaje de Interbiak, suministrar la tecnología necesaria, formar al personal y realizar el mantenimiento, entre otros cometidos.

Según los cálculos forales, el despliegue de esta red de peajes sacará de las vías afectadas unos 4.000 vehículos pesados al día. La estimación es que la circulación de camiones se reduzca un 50% en la N-240 y la BI-625; un 30% en la N-637; un 20% en Rontegi; un 14% a la altura de Max Center y un 30% en Kanpazar. Otra de las previsiones es que los accidentes en estas vías disminuyan un 10,2%.

Las Juntas de Bizkaia tendrán, no obstante, que aprobar una nueva norma reguladora para estos peajes, aunque el Gobierno foral dispone de la mayoría necesaria para lograrlo. También es imprescindible el plácet de la Comisión Europea, que supervisa este tipo de regulaciones que afectan al transporte. A priori, la Administración confía en que no haya problemas ni en el ámbito institucional ni en el judicial. La Diputación de Gipuzkoa sufrió varios varapalos judiciales al instaurar una medida similar. Entonces, los jueces consideraron el pago por uso discriminatorio al aplicar los peajes solo en los extremos de la N-1 y la A-15, de manera que los puntos intermedios permanecían gratuitos, de forma que se beneficiaban los transportistas locales. Pero la intención de la Administración vizcaína es extender el cobro a los camiones al 96% del trazado.