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La Diputación destina cada año más de 400 millones de euros para financiar la estancia de 10.700 vizcaínos en residencias y de otros 3.700 en centros para personas con discapacidad. Gran parte de estos servicios son gestionados por empresas privadas. Las Juntas creen ... que esa inversión debe acarrear un mayor control sobre el servicio, sobre su calidad. Así se desprende del acuerdo alcanzado ayer de forma unánime por todos los grupos en el pleno celebrado en la Casa de Juntas de Gernika. Los partidos exigen a la institución foral que refuerce los sistemas de control económico de estos servicios para garantizar que gastan el dinero suficiente y de la mejor manera para garantizar la mejor atención a los internos. Para saber si se destina lo suficiente a pagar los sueldos del personal y a ofertar un servicio de calidad o, como apuntaron varios junteros, si las empresas escatiman dinero en busca de obtener un «mayor beneficio».
Arantza Urkaregi
Juntera EH Bildu
El acuerdo alcanzado encomienda a la Diputación a realizar un «análisis específico» de las cuentas anuales de estos centros para «identificar elementos que puedan señalar riesgos para la atención de calidad» a los residentes. Además, en lo referente a las nóminas a los trabajadores, se estudiará cada caso y, si se descubre que el gasto en salarios es inferior al promedio, se establecerán «las medidas correctoras» que se consideren necesarias.
Las residencias vascas han acumulado en la última semana 7 mayores fallecidos por covid, según los datos facilitados por las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Ello eleva a 1.182 las muertes en estos servicios. En la actualidad, hay 593 internos contagiados y 315 profesionales de baja. La residencia que más infectados acumula es la de Zorroaga en San Sebastián, que ha alcanzado ya los 100 afectados, según detalló ayer la Diputación de Gipuzkoa.
Las cifras, no obstante, reflejan un importante descenso de la curva. En Gipuzkoa han fallecido, no obstante, cuatro mayores y los otros tres decesos se han registrado en centros de Bizkaia. En Álava no se ha contabilizado ninguna muerte.
Los responsables de las residencias sitúan en las PCR de saliva la clave para reducir la propagación del virus. Se realizan a los trabajadores vacunados cada dos semanas y quienes no están vacunados tienen que llevarlo a cabo una vez a la semana. Además, se realizan numerosos test de antígenos.
La huelga convocada la semana pasada por las plantillas de las residencias en el territorio, que engloban a más de 5.000 personas, representa el último ejemplo de las denuncias de precariedad que rodean a estos centros. Las trabajadoras reclaman subidas de sueldos y el aumento de contrataciones para garantizar un mejor servicio a los usuarios. Además, la pandemia ha sacado a relucir las carencias de muchos centros que se vieron desbordados, como lo atestigua un informe elaborado por el Ararteko.
Ana Furundarena
Juntera PNV
Juan Otermin
Juntero PSE
Todas estas cuestiones llevaron al grupo juntero de EH Bildu a presentar una moción exigiendo un mayor control. Tanto PSE como PNV propusieron una enmienda transaccional a la iniciativa que aceptó la coalición abertzale y que también apoyaron el resto de formaciones. «Las residencias tienen que presentar unas cuentas anuales y, al repasarlas, comprobamos que las diferencias eran muy grandes, tanto en los capítulos de personal, como en servicios como la limpieza o incluso la alimentación», protestó Arantza Urkaregi. Y, tras consultarlo con los responsables forales, «descubrimos que no se sabe realmente en qué se gasta todo el dinero que da la Diputación».
A juicio de esta juntera, la medida adoptada ayer supone un «paso» en la «buena dirección» para el control del dinero público y la garantía de una «atención de calidad». La representante del PNV en la cámara, Ana Esther Furundarena, reconoció por su parte que las empresas que gestionan las residencias «reciben mucho dinero público» y consideró lógico, que se deba vigilar su gestión. Es más, aseguró no tener «miedo» a establecer «un mayor control» sobre estas compañías.
Héctor Fernández
Juntero Elkarrekin
El portavoz del PSE, Juan Otermin, fue más lejos al considerar que «ha llegado el momento de que cada institución, en su responsabilidad y ámbito de competencia, asuma con seriedad su cometido». En ese sentido, aplaudió un acuerdo que, a su juicio, permite avanzar en el objetivo de «lograr un mejor servicio de calidad asistencial» y «en condiciones laborales dignas». Además, consideró que esta auditoría ayudará a que «los servicios sociales dejen de ser un ámbito propicio para la mera especulación financiera».
Héctor Fernández, juntero de Elkarrekin Bizkaia, remarcó en ese sentido que la Ley de Servicios Sociales recoge como una «infracción grave» cualquier intento de «encubrir el ánimo de lucro». Y añadió que, tras protestas como las de las trabajadoras, «no es el momento de reírles las gracias a los gestores de los centros».
Esther Martínez
Grupo Mixto-PP
Fernández, además, remarcó que otro de los problemas que hay que afrontar es reducir el número de usuarios que en la actualidad debe atender cada profesional de estas instalaciones, lo que reduce la calidad del servicio. Aunque reconoció que es algo que compete al Gobierno vasco, que ya trabaja en la revisión de estos ratios. Precisamente, el pleno de las Juntas también solicitó al Ejecutivo autónomo que tenga en cuenta, en esta «reflexión, el tiempo de cuidado que se necesita para cada usuario, y también su grado de dependencia».
El Parlament aprobó ayer la creación de un grupo de expertos para analizar el impacto del Covid-19 en las residencias. La propuesta salió adelante con los votos a favor de PSC, ERC, Junts -partidos que lo han impulsado- y Vox, y la abstención de la CUP, comuns y Cs. Cada grupo parlamentario podrá proponer un experto que formará parte del grupo de trabajo, encabezado por la misma presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, Mónica Ríos (PSC), y que se podrá reunir de manera autónoma o con los diputados para averiguar «qué fue lo que pasó», según el diputado socialista Raúl Moreno.
Los centros residenciales catalanes han registrado 9.628 defunciones desde el inicio de la pandemia, con datos a 14 de febrero, explicó la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera.
La dirigente nacionalista aseguró que la vacuna y los cribados han sido las herramientas principales de las dos últimas olas. Y recordó que, durante la primera ola, aunque no se contaba con tantos PCR ni test de antígenos rápidos (TAR), hubo 14.857 casos y 5.963 defunciones, mientras que en esta última ola se han registrado otros 15.000 casos y 401 defunciones. La consellera explicó que la variante ómicron ha entrado en gran medida en las residencias, pero los efectos de la vacuna han evitado lamentar un número de defunciones tan elevado como el de las primeras olas. En cuanto a los protocolos aseguró que las residencias «tienen que empezar a ser espacios más abiertos», referida a las medidas de convivencia y visitas.
La portavoz del Grupo Mixto-PP, Esther Martínez, coincidió en que «se invierte mucho dinero público» en las residencias pero, a su juicio, «la reflexión es si realmente se invierte el suficiente, porque hay que seguir mejorando la calidad asistencial». En ese sentido, pidió tanto al Gobierno vasco que acelere en lo posible la actualización de los ratios entre trabajador y usuario y a la Diputación sus labores de inspección y control de este tipo de centros. «Estaremos alerta para que se cumpla lo acordado», concluyó.
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