La Diputación acoge a 300 migrantes al año de los miles que pasan por Bizkaia

Sólo 300 migrantes de los miles que pasan cada año por Bizkaia tocan a la puerta de la Diputación y piden asilo como refugiados. La cifra es de 2017, fue idéntica en ejercicios anteriores. Cruz Roja, Cáritas, CEAR y Fundación Ellacuría son las cuatro entidades que les atienden gracias a los fondos del plan foral Goihabe. «Es el único apoyo integral en Euskadi para quienes están en fase de solicitud de asilo o protección internacional y para aquellos que cuentan con el estatuto de refugiado», explica un portavoz de la Diputación.

La batería de actuaciones de Goihabe va desde una prestación económica de algo más de 300 euros que la mayoría de los refugiados destina al alquiler –pero que puede dedicarse a transporte o manutención– a otras como la acogida temporal en familias y comunidades religiosas. «Desde atender sus primeros problemas de salud propios del viaje hasta dotarles de herramientas para que sean autónomos». También se les dan a conocer los recursos públicos, se les imparten cursos de euskera y castellano, y hay apoyos para facilitar su inserción laboral, entre otros.

«Goihabe es consecuencia de una creencia profunda en la defensa de los derechos humanos. Queremos apoyar a quienes huyen de la guerra, de la miseria, del hambre y del terror. Cuenta con recursos materiales, humanos y económicos que garantizan una atención integral a los refugiados para que puedan restablecer sus proyectos de vida.Es una prioridad», defiende Óscar Seco, director de Inclusión Social.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, abrió el jueves la caja de los truenos tras calificar como «un procedimiento cuestionable» el envío, por parte de Cruz Roja, de autobuses con inmigrantes procedentes de pateras llegadas a la costa andaluza. El Gobierno vasco mostró su «sorpresa» y «preocupación» por casos como el medio centenar de jóvenes de Mali que llegaron el lunes a la estación de autobuses de San Sebastián. El Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu puso énfasis en la carga de fondo que implicaría «que sea un hecho normalizado» y exigió «transparencia» en los traslados desde otros puntos de España. El Gobierno vasco advirtió que, cuando hay menores no acompañados, la actividad podría situarse fuera de la legalidad. En el caso de San Sebastián, entre los 46 jóvenes había cuatro menores, aunque solo dos lo reconocieron.

Las declaraciones de Fernández crearon ayer una tormenta en el Tercer Sector, el de las entidades que dan apoyo a los refugiados. Aunque ningún portavoz oficial quiso salir a la palestra, diversas fuentes confirmaron el «malestar» que provocaron sus afirmaciones. La polémica se centra en los viajes que controlan las entidades, como el de San Sebastián, y no otro tipo de desplazamientos, como el de Termibus, donde sólo se ejerció una labor de «asesoramiento» mínimo. En los segundos, los migrantes están en manos de las mafias. El propio Ahmed lo confesó:«He pagado mil euros».