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La Diputación no planteará batalla por el parque eólico que la empresa Euskal Haizie pretende ejecutar entre Arcentales, Sopuerta, Galdames y Muskiz. El proyecto no le gusta y ha advertido de que su impacto mediambiental vulnera la legislación territorial, pero hasta ahí va a llegar. ... La responsable foral de Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia Antxustegi, ha asegurado la mañana de este martes que «la última decisión» corresponde al Gobierno vasco y que los informes contarios que ha emitido su departamento los últimos meses «no son vinculantes».
El de Las Encartaciones es un claro ejemplo del llamado 'efecto nimby' (not in my back yard-no en mi patio trasero) con el que los expertos vienen poniendo de manifiesto el apoyo que expresan administraciones y colectivos vecinales de todo el mundo a las energías renovables hasta que se plantea la construcción de aerogeneradores cerca de sus hogares. En el caso del proyecto 'Artzentales-Sopuerta', la promotora ha pedido autorización para levantar ocho molinos de viento de 115 metros de altitud y palas de 83 metros de largo entre las cimas de Torrelaseta y Mello generando un rechazo unánime en los ayuntamientos afectados. Consideran que generaría «una grave afección al patrimonio natural y paisajista».
La Diputación alertó a comienzos de mes de que el parque eólico contraviene la normativa foral. Primero porque el proyecto se plantea en las inmediaciones de la estación megalítica de Alen del alto de Las Muñecas, declarada conjunto monumental. Pero, especialmente, porque afecta a una zona en la que habita una colonia de alimoches, una especie en peligro de extinción que cuenta con un blindaje específico. El informe remitido al Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco alerta de que la posibilidad de que los escasos ejemplares del ave choquen con los aerogeneradores «es clara y puede generar la pérdida de ejemplares adultos».
La consejera Arantxa Tapia, ya advirtió en su momento de que la última palabra corresponde al Ejecutivo autonómico. Hoy lo ha ratificado la diputada Antxustegi recordando que su departamento no es «el órgano sustantivo» en este asunto pese a tener competencias medioambientales. ¿Por qué? La reforma de la Ley de Administración Ambiental aprobada por el Parlamento vasco en 2021 faculta al Ejecutivo autonómico a imponer la ejecución de proyectos que considere de «interés superior» pese a que no gusten a los ayuntamientos afectados y las administraciones forales.
El cambio normativo se realizó pensando expresamente en el plan éolico que tiene el Gobierno vasco sobre la mesa. Necesita acelerar la construcción de aerogeneradores por toda la comunidad para intentar sus propias previsiones, que plantean quintuplicar la producción actual de energía generada por el viento para 2030. Se habla de alcanzar los 783 megavatios de potencia instalada y actualmente hay 153. Hay quince proyectos sobre la mesa, pero la controversia que generan han dificultado hasta ahora la expedición de las autorizaciones pertinentes.
En el caso del plan que la firma Euskal Haizie tiene para la zona de Arcentales, generaría 49,6 megavatios de potencia. La cifra no es baladí porque se sitúa al límite de los 50 que obligarían a que el permiso de ejecución recibiera el visto bueno del Gobierno central. Por debajo de esa potencia corresponde al vasco. Los técnicos de Lakua se encuentran analizando toda la información existente, incluido el informe de la Diputación, para decidir si emiten una Declaración de Impacto Ambiental favorable que abriría la puerta a la obra. El pasado 3 de febrero la consejera Tapia ya advirtió de que el proyecto cumple todas las garantías y de la «necesidad urgente» de avanzar en el desarrollo del mapa eólico.
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