Los trabajadores de Bilbobus ratifican el fin de la huelga y el servicio vuelve a la normalidad

El acuerdo llega 'in extremis', en un momento en el que la negociación se dirigía hacia un callejón sin salida. Después de que hace cinco semanas la misma asamblea de trabajadores votara en contra de una propuesta similar a la aprobada ayer, ELA tomó las riendas del conflicto al suceder a UGT en la presidencia del comité. Su posición, al igual de la de LAB y ESK, era clara: solo aceptarían un acuerdo que vinculara las subidas salariales al IPC. Así lo expresaron en dos reuniones con la empresa en la que no se alcanzó ningún consenso.

Sin embargo, pese a que los actores que encabezaban el comité y apostaban por bloquear el conflicto fueran otros, UGT, CC OO y LSB-USO continuaban sumando más delegados. Es de esta mayoría de la que se valieron el pasado martes para firmar un preacuerdo con Biobide que comprendía ligeras mejoras respecto al anterior. Al igual que en la votación de mayo, ELA y LAB reclamaron el voto negativo. Sin embargo, en esta ocasión la plantilla les dio la espalda ya que el apoyo a finalizar el paro fue mayoritario.

Mientras en la anterior votación fueron 38 las papeletas de diferencia que supusieron que el acuerdo no saliera adelante, ayer el respaldo a finalizar los paros superó en 146 papeletas a quienes llamaban a eternizar la huelga. ¿Y qué ha pasado en este tiempo para que se dé este vuelco? Pues, de entrada, la fatiga ante la insistencia de una central nacionalista de vincular los salarios al IPC, una posibilidad que tanto el Ayuntamiento como la empresa adjudicataria en cada intervención pública dejaban claro que era imposible: «No lo permite el futuro contrato». El enfado vecinal, especialmente el de los residentes en los barrios altos, también ha ido creciendo hasta reducir prácticamente a la mitad el uso de este transporte público urbano.

La controversia alrededor del conflicto laboral también ha llevado tanto al Ayuntamiento de Bilbao como al departamento de Trabajo del Gobierno vasco a tomar cartas en el asunto. El alcalde Juan Mari Aburto calificó la protesta como «una huelga injusta contra la ciudadanía», a la vez que reclamó mediación laboral. El Ejecutivo autonómico, por su parte, se vio obligado a aumentar al 50% los servicios mínimos de Bilbobus en los barrios altos de la ciudad, donde menos presencia tienen otros transportes. Hasta ese momento, las frecuencias eran el 30%, aunque la adjudicataria ha denunciado en más de una ocasión que este porcentaje no se cumplía debido a los sabotajes.

El pacto respaldado mantiene una subida salarial del 4% tanto en 2022 como en 2023, mientras en el presente ejercicio la fija en un 2,5%. Esto supone que un empleado sin experiencia cobrará 45.000 euros brutos anuales. Durante los siguientes tres años, de 2025 a 2027, los salarios se vincularán a la subida del funcionariado. En el caso de que el IPC supere este indicador, se contempla un aumento de las remuneraciones ligeramente superior al que se esperaba en mayo. Un ejemplo: el mes pasado se preveía que este incremento fuera del 0,5%. Según el acuerdo aprobado ayer, ahora sería del 0,7%. Por otro lado, en el caso de que el salario del funcionariado sea negativo o inferior al 0,7%, siempre se garantizará esta subida del 0,7%.

La empresa también ha dado el sí a alguna de las reivindicaciones sociales que habían planteado los representantes de los empleados. Biobide acepta convertir la jornada del 62% que tienen 20 trabajadores en completa siempre que se asegure el cumplimiento de los servicios y los afectados den el visto bueno. La patronal también deja «sin efecto» el despido de unos treinta trabajadores que tenía previsto realizar «en mayo de 2022», una decisión que lleva desde entonces en los tribunales.

El acuerdo no recoge, sin embargo, ninguna mención al abono de pagas extra a los trabajadores de baja ni la posibilidad de computar el doble de las horas trabajadas en los festivos no recuperables, dos supuestos que eran una línea roja para ELA. La central soberanista llegó a calificar la propuesta apoyada por el grueso de la plantilla como «una salida en falso del conflicto».