Los desahucios ejecutados en Euskadi caen a mínimos

El año pasado se realizaron 593 desahucios en hogares vascos. Esta cantidad supone un suelo desde que el Consejo General de Poder Judicial empezó a recoger estadísticas sobre esta cuestión, en 2013. Estos datos vuelven a identificar, como viene ocurriendo en toda la serie histórica, que los desalojos derivados del incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (es decir, los correspondientes a los inmuebles de alquiler) representan el grueso de los lanzamientos. Un 87,35% del total.

De hecho, 2023 fue el año en el que los desahucios a inquilinos tuvieron más peso en toda la serie histórica. Y por el contrario, los lanzamientos por impago de un préstamo al banco se redujeron a mínimos porcentuales (fueron 55, mientras en 2014 alcanzaron los 231). José Manuel González, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia, explica que la reducción de desalojos provocados por no pagar préstamos al banco se debe a que «la bolsa de morosos derivada de la burbuja inmobiliaria se va reduciendo cada vez más». Además, a partir de entonces las entidades bancarias empezaron a aumentar los requisitos para que sus clientes accedieran a préstamos.

Andrés Urrutia, notario y especialista en Derecho Civil, apunta que «la oleada de desahucios derivados del pinchazo de la burbuja inmobiliaria se ha reconducido en los últimos años porque los bancos se han dado cuenta de que no les sale rentable desahuciar». Es decir, según explica Urrutia, que a las entidades bancarias «les es más beneficioso» pactar aplazamientos con los inquilinos o renovarlos que tener una vivienda vacía. «Un desalojo es un movimiento ultimísimo y hay herramientas como la dación en pago o la Ley de Segunda Oportunidad (que protege al deudor en casos de insolvencia) que ayudan a evitarlo», sostiene.

Además, la prohibición de desahucios a las personas vulnerables, que se aprobó a raíz de la pandemia y se ha prorrogado hasta finales de 2028, ha provocado que se reduzca el número de lanzamientos tanto por el impago de un préstamo como del alquiler. Sin embargo, Adolfo Gómez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Bizkaia, reclama a las instituciones públicas que faciliten la forma de acceder al certificado de vulnerabilidad.

«Muchos ayuntamientos no lo expiden, las administraciones están más acostumbradas a abonar ayudas económicas a personas vulnerables que a facilitar informes que identifican problemas estructurales», asegura. Por otro lado, según explica, «aunque se consiga ese documento, no se toma como válido en todos los juzgados».

Esta situación, acompañada de un aumento de los alquileres derivado de su escasa oferta, implica en que las familias que acaban siendo desahuciadas terminen en «pisos patera donde la gente se hacina». Así, desde la PAH reclaman «aumentar el parque público de vivienda y declarar zonas tensionadas del alquiler».

Sin embargo, según asegura Edmundo Rodríguez, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, las administraciones públicas «se han puesto las pilas» a partir de la crisis de 2008 y ofrecen alternativas habitacionales a aquellas personas desahuciadas. «Las que tienen vivienda pública la facilitan y las que no redirigen a sus vecinos a hoteles y pensiones».

Rodríguez, además, identifica un nuevo factor que ha provocado que la cantidad de desahucios caiga a mínimos: las huelgas de la justicia que tuvieron lugar durante 2023. De hecho, el mismo informe del CGPJ revela que sobre la mesa de los juzgados vizcaínos se acumulan hasta 11.000 casos sin resolver a causa de la falta de personal y los paros.

Rodríguez explica que un desahucio se puede solicitar en el momento en el que inquilino deja de pagar cualquier mensualidad. Sin embargo, según cuenta, conviene esperar unas semanas para evitar que se alegue un retraso en el pago.

Si la documentación está bien presentada, según dice, el plazo habitual para ejecutar un desahucio es de cuatro meses desde que se presenta la denuncia, aunque cada vez se opta más por renegociar las condiciones de la hipoteca o del alquiler, en este último caso especialmente cuando el propietario de la vivienda es un particular.

Cuando se lanza una orden de desahucio, se va al piso y se le informa al inquilino del día en el que se ejecutará el lanzamiento. «Normalmente eluden recurrirlo e ir a juicio, pero si lo hacen puede alargarse un mes más», explica.

La prohibición de desahuciar a personas vulnerables, que se impulsó durante la pandemia, se ha prorrogado hasta finales de 2024, pero desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclaman a los ayuntamientos facilitar las vías para acceder al certificado de vulnerabilidad.

Las ocupaciones de viviendas de particulares son una realidad «residual» ya que los okupas prefieren las «viviendas que no generan conflicto social», como aquellas que están vacías y son propiedad de entidades bancarias, que muchas veces eluden ir a juicio.