Las solicitudes de asilo cayeron el año pasado en toda España por la crisis del coronavirus y el cierre de fronteras que se produjo por la pandemia, aunque colectivos defensores de los derechos humanos denuncian que también se aprovechó la situación para reforzar la externalización ... de las fronteras. Es decir, la vigilancia en los países de tránsito a Europa, para hacer retroceder a los migrantes en su viaje. En 2020 se registraron 88.762 solicitudes, frente a las 65.404 del año pasado. Ello supone un descenso del 26%. 64 de cada 100 eran hombres. «Esto se explica porque las rutas migratorias son más inseguras que nunca y ellos arriesgan más. Precisamente, lo que reclamamos son rutas seguras que eviten todas las muertes que se producen de personas que buscan refugio», ha explicado esta mañana Arantza Chacón, directora de Zehar (antigua Cear) en Euskadi. Las solicitudes de asilo tramitadas desde el País Vasco sufrieron un bajón aún mayor. Pasaron de las 3.085 en 2020 a las 1.724 en 2021. Ello supone un descenso del 44,1%. Por territorios, 879 de estos trámites se realizaron en Bizkaia, seguida por 549 en Gipuzkoa y 296 en Álava.
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Aun así, la directora de Zehar ha explicado que las solicitudes se están reactivando durante 2022. En enero, se han tramitado 7.800 sen España, de las que 328 se han cursado en Euskadi. Durante el año pasado, las dos principales nacionalidades solicitantes continuaron siendo Venezuela y Colombia, aunque cambiaron las siguientes en la lista; fueron Marruecos, Mali y Senegal, frente al Salvador, Honduras y Perú. «Ello implica que las personas que están llegando lo hacen en gran medida por mar o por rutas terrestres cada vez más peligrosas». La dirigente de la entidad advirtió que solo se aceptan el 30% . Es decir, el 70% se rechazan. Y que llama la atención, precisamente, que el 94% de las peticiones de refugio de ciudadanos colombianos, un país donde se están produciendo importantes vulneraciones de los derechos humanos, sean rechazadas, aunque «la denegación, legalmente, no tiene por qué estar argumentada». Las personas que ven denegado su asilo tienen que iniciar el recorrido a su regularización como cualquier otro inmigrante sin papeles. La entidad cuenta con dos centros de acogida en Euskadi: en Oñati y en Tolosa, de 100 y 35 plazas, respectivamente, aunque suelen estar por encima de su capacidad. El año pasado, en total, acogieron a 331 personas en ambos centros. Muchas llegan con niños, que sufren importantes secuelas psicológicas por los traumas que les han provocado en sus países de origen o en el de tránsito.
La directora de la entidad, que participa también en diferentes programas, como Hemen, que junto a otras entidades pretende dar un futuro a los jóvenes que a los 18 años salen del sistema de protección de menores y acaban en la calle por no cumplir los requisitos para acceder a otros programas de integración, volvió a poner de manifiesto que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas para las personas que piden asilo. «Es un problema draconiano para todo el mundo, por el precio de la renta, los requisitos de los alquileres, una dificultad añadida para estas personas con riesgo de quedarse en la calle y también se producen muchos abusos con el empadronamiento». Aun así, Zehar considera positivos los recientes cambios en el reglamento de Extranjería para menores no acompañados. Implican que se reduce a tres meses el plazo para conceder la primera residencia. La validez de la autorización inicial pasa de un año a dos y será renovable tres años más mientras el beneficiario siga siendo menor. La autorización de residencia incluye ahora el permiso de trabajo a los chicos de entre 16 y 18 años y para renovarla, solo deberán demostrar ingresos similares al ingreso mínimo vital (unos 470 euros al mes), salvo que la institución de acogida proporcione su sustento. Además, podrán computar como ingresos los procedentes de un empleo o de ayudas sociales. La vigencia de esta renovación será de dos años, renovables por otros dos.
Marouane Ziad, de 20 años, llegó con 17 a Bizkaia en avión. Procedente de Marrakech, se quedó huérfano de padre hace trece años, cuando él era muy pequeño, y su madre, que es contable, no podía mantener sola a toda su familia: su propia madre y otro hijo. Él partía, de inicio, de una situación de ventaja respecto a otro jóvenes que emigran a Bizkaia, porque «algunos no han podido ir al colegio, no saben ni leer ni escribir, y entonces vienen para poder estudiar». Él cursó primero de Bachillerato allí, por lo que tuvo una mayor facilidad para aprender el castellano. Primero estuvo viviendo en el centro de menores de Amorebieta, donde se les hace una primera acogida por parte de la Diputación. Después, en el de Artxanda. «Me costó adaptarme y empezar a hablar y tener una comunicación. Nos ofrecían clases de castellano y desde ahí nos apuntaron a unos cursos para trabajar, pero todos sabíamos que algún día teníamos que salir del centro».
Un mes después de que cumpliera los 18 años, un momento de tensión para todos los menores acogidos, se quedó en la calle. «Me dejaron un mes más después de cumplir la mayoría de edad. Me quedé en la calle una semana, pero fue poco tiempo. A la hora de salir al principio no tenía dónde ir. Estuve en la calle mientras buscaba una habitación y me llegaba una ayuda para pagar el alquiler y poder comer». Por suerte, se topó con un programa que coordina Zehar, Hemen, «para solicitar mis papeles, renovar las ayudas y encontrar formación. Ahora estudia un curso de refrigeración y a fin de año le mandarán a hacer prácticas y «espero que me puedan contratar».
El joven explica que siempre se encontró con muchas dificultades para acceder a una vivienda y pide más comprensión. «Había discriminación, pero no solo eso, se creen que todos los jóvenes somos un desastre, pero no todos somos iguales». En general, asegura, «hay gente buena y gente mala, algunos vienen a estudiar y otros a buscar problemas y acaban mal, en la cárcel y drogados».
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