Declaran fuera de ordenación 306 casas de Bakio edificadas durante el auge del ladrillo

¿Por qué los jueces han tumbado el plan de Bakea? Básicamente porque los cambios obrados por las administraciones -recalificaciones encubiertas, al aumentar considerablemente el número de viviendas a construir y su tipología- se llevaron a cabo sin analizar el posible impacto ambiental que tendría la operación en una zona sensible, inundable y afectada por «la servidumbre de protección» del cercano arroyo Estepona.

Con el fallo en la mano, la parte demandante podría exigir incluso la demolición de las casas. Algo que la alcaldesa, Amets Jauregizar (EH Bildu), no cree que vaya a suceder. «No es un escenario que contemplemos». La regidora advierte, no obstante, de que los residentes en el barrio tendrán que convivir con una serie de restricciones motivadas por el hecho de que sus casas hayan sido declaradas al margen de la normativa urbanística. En principio, sólo podrán llevar a cabo trabajos de «ornato» y «conservación», y es más que probable que tengan dificultades a la hora de vender sus propiedades al tener la obligación de advertir al comprador sobre el estado legal de las mismas. Amets Jauregizar quiere convocar en los próximos días una reunión con los afectados para transmitirles que con el nuevo planeamiento que el Consistorio está tratando de consensuar con los diferentes agentes del municipio se podría llegar a una solución. «Toca hacer política y tratar de buscar un camino que cumpla la ley sin perjudicar a las familias que tienen su vivienda en esta parte de la localidad».

El pleito de Bakea se remonta a 2007. Una época en la que Bakio vivió un auge de la construcción. Se plantearon 1.900 viviendas en un pueblo que contaba entonces con poco más de 2.000 habitantes empadronados. Se llegó a estudiar, incluso, la posibilidad de construir un campo de golf en la zona de Ohija, no muy lejos del Biotopo de San Juan de Gaztelugatxe.

La primera modificación de las normas subsidiarias en Bakea se hizo pocos días antes de que entrara en vigor la nueva ley del Suelo de Euskadi. Al principio estaba previsto construir en la zona 118 viviendas, en su mayoría unifamiliares. Finalmente, el Consistorio, gobernado entonces por Txomin Renteria (PNV), inahibilitado por prevaricación por el Supremo en 2018, dio luz verde a multiplicar casi por tres el número de inmuebles, pasando a ser edificios de hasta cuatro alturas, en algunos casos.

Un grupo de cuatro vecinos de la zona decidió entonces plantar cara en los tribunales. Hace 13 años, el TSJPV aceptaba tramitar el primer recurso contra esta barriada. En 2009, cuando había compradores que aún no habían escriturado, los jueces emitieron una primera sentencia condenatoria. El Ayuntamiento trató en 2013 de regularizar la situación, pero ahora, siete años después, los tribunales han vuelto a negar la mayor.