PNV y PSE asumen el fiasco de la renta y piden a la Diputación que refuerce la atención presencial

Llama la atención que el texto fue firmado por los grupos que sustentan al Gobierno foral -jeltzales y socialistas- y por Podemos. En el momento de las votaciones, la idea convenció a todo el hemiciclo. Salió adelante por unanimidad. La iniciativa recuerda incluso que ha habido una recomendación general del Ararteko en el mismo sentido y pide «cumplirla escrupulosamente». El texto también subraya la oportunidad de «un diagnóstico previo de la situación del territorio y de los colectivos susceptibles de encontrarse en situación de vulnerabilidad digital». Y busca soluciones sugiriendo un «necesario proceso de acompañamiento a la ciudadanía mediante un programa específico que asegure los derechos digitales de esta». Vamos, que un salto como el de la renta debería venir precedido de una formación generalizada.

El tono parece alinearse con las múltiples voces críticas surgidas en torno a la última campaña de la renta. Planteada como la primera que iba a desarrollarse exclusivamente por la vía digital y telefónica, pronto arreciaron las quejas de contribuyentes que preferían ser atendidos en persona. La Diputación había puesto fin al servicio que prestaban diferentes sucursales ya que lo consideraba innecesario porque Hacienda iba a enviar su borrador a cada uno de los ciudadanos. Los problemas se agravaron cuando esas liquidaciones comenzaron a presentar múltiples fallos. Faltaban datos que obraban en poder del Fisco y el propio diputado, José María Iruarrizaga, tuvo que reconocer que había doce tipos de errores en las reglas de cálculo que afectaban a 30.000 declaraciones. También se enviaron borradores a personas fallecidas hace décadas o que no estaban empadronadas en Bizkaia y muchos extranjeros que sólo tienen un primer apellido recibieron un segundo inventado.

La oposición no tardó en valorar la campaña como «un desastre» y los asesores fiscales clamaron ante sus carencias. Muchos contribuyentes optaron por pagar a un asesor para que completara los trámites usando sus claves de representación. Rementeria pidió disculpas y volvió a reiterarlas hace una semana, en el pleno de Política General. «Dijimos que iba a ser fácil y no lo fue, no al principio por lo menos. Nos ha costado más de lo previsto y hemos generado más molestias y quebraderos de cabeza que los deseables». Incluso el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, calificó como «grave» el desaguisado y se mostró convencido de que en la Diputación «habrán tomado nota». Todo apunta a que en 2022 la vía presencial será una posibilidad más.