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La semana en la que se ha estrenado el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones (ZBE) en Bilbao está siendo también la semana en la que más se está cuestionando por acontecimientos externos e imprevistos. No es que se discuta la conveniencia u ... oportunidad de la medida, de obligado cumplimiento, sino los criterios utilizados para cerrar el centro de la ciudad a los vehículos presuntamente más contaminantes. El martes se conoció una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se tumbaba la ZBE madrileña y que podría replicarse aquí porque hay un proceso judicial abierto en la misma dirección. Nora Abete, la concejala de Movilidad, dijo ayer que estaba tranquila. Pero también ayer la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) vino a criticar el modo en el que se han articulado las restricciones de tráfico.
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En concreto, la OCU ha reclamado que la ZBE de Bilbao no restrinja el acceso al centro a los coches más viejos, sino a los que más contaminan. Lo que hace en realidad es cuestionar el modo que tiene la DGT de categorizar a los vehículos, que es en el que se basa la ordenanza bilbaína y las de la mayoría de las ciudades. Así que pide «revisar el sistema de etiquetas de la DGT de modo que se contemplen las emisiones reales, no el tipo de motor».
Nora Abete
Concejala de Movilidad
Ahora tienen el acceso vetado a Abando e Indautxu los vehículos de gasolina anteriores a 2001 y los diésel previos a 2006, es decir, los que no tienen distintivo ambiental. Independientemente de cuales sean sus emisiones reales. Diferentes colectivos ya habían notado que en algunos casos coches que cuentan incluso con etiqueta ECO por tener un motor eléctrico auxiliar, arrojan emisiones más elevadas que otros mucho más antiguos.
La OCU, en este sentido y como ejemplo, dice que «los automóviles más vendidos con motor de combustión y etiqueta C generan unas emisiones de CO2 durante su ciclo de vida similares o incluso menores a buena parte de los vehículos Mild hybrid y algunos de los híbridos más grandes y potentes, con etiquetas Eco o Cero». Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi, incide en la necesidad de que «se establezca un criterio objetivo que tenga en cuenta las emisiones reales y no solo la etiqueta, que tiene en cuenta la fecha de matriculación».
Al mismo tiempo, la organización de usuarios recordó a las administraciones «la necesidad de impulsar otras medidas que prioricen medios de transporte alternativos, como la construcción de parkings disuasorios en los límites de las ZBE, gratuitos y bien conectados con el centro mediante transporte público».
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Por otra parte, la concejala bilbaína Nora Abete quiso ayer mostrar su tranquilidad tras el varapalo judicial a la zona de bajas emisiones de Madrid y dejar constancia de que, a su juicio, la regulación en Bilbao es diferente. Es decir, que no prevé que aquí haya motivos para que los jueces tumben la ZBE.
Se refería a la sentencia del Tribunal Superior de Madrid que ha anulado las restricciones en la capital de España al considerar que perjudican a las personas con rentas más bajas porque éstas son las que tienen coches más viejos al no poder comprar nuevos modelos con las bendiciones ambientales. En Bilbao hay un proceso impulsado por el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) contra la ZBE con el mismo argumento, y alguno más.
Sin embargo, Abete no cree que aquí pueda prosperar. «Tuvimos muy en cuenta los criterios que marcaba el Real Decreto sobre cómo tenían que ser esas zonas de bajas emisiones, y contamos con un estudio de impacto económico y social, por lo que estamos tranquilos», defendió la concejala. Se refería a que los jueces madrileños también argumentaban que la regulación de allí, las restricciones a las personas con menos poder adquisitivo, no estaban debidamente justificadas con estudios económicos.
Kepa Loizaga
OCU
En cuanto a la discriminación por razón de renta que a juicio de los jueces y del RACVN se está produciendo, Abete asegura que «en el proceso de elaboración de la ordenanza nos hemos reunido con colectivos de autónomos y vecinos que nos pedían que la implantación fuese progresiva porque necesitaban usar sus vehículos a diario, y hemos incluido un paquete de moratorias y exenciones para dar respuesta a este tipo de situaciones». Así que «creemos que nuestra aplicación progresiva hace que todo el mundo pueda hacer una transición justa y con un horizonte más largo».
En cuanto al proceso impulsado por el RACVN ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la ZBE de Bilbao, la concejala consideró que «ellos se preocupan de los vehículos y nosotros de la salud de las personas y del medio ambiente».
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