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EVA MOLANO
Martes, 30 de enero 2018, 13:53
El PP cree que los mecanismos institucionales de protección a los menores conflictivos y a la propia sociedad están fallando y critica la «opacidad» de la Diputación en todo lo referente a los que tutela la institución foral. El portavoz del grupo juntero, Javier Ruiz, ... ha explicado que el equipo de gobierno foral confunde el respeto a la legislación que salvaguarda sus datos con un «secretismo», lo que les impide desarrollar su labor de fiscalización a su gestión. «Tanto el resto de grupos como la ciudadanía tiene derecho a saber», ha alegado. Por ello, y tras el crimen del matrimonio de ancianos de Otxarkoaga, Ruiz ha introducido en la Mesa de las Juntas una batería de preguntas para su respuesta por escrito para conocer de forma oficial si alguno de los menores detenidos por el asesinato de la pareja bilbaína había estado en el momento de los sucesos bajo el tutelaje de la Diputación y si se encontraba «fugado» y si había protagonizado algún tipo de incidente o incumplido el régimen de tutela con anterioridad. Además, Ruiz considera necesario saber qué protocolo de actuación se siguen cuando se producen este tipo de situaciones, y qué medidas de resocialización, en su caso, se habían fijado para los autores de la muerte de los ancianos. Por otro lado, el PP también ha preguntado por la última ausencia no autorizada de los menores implicados en el suceso y la fecha de su comunicación a la Ertzaintza.
Además, el PP ha solicitado información sobre el número de centros destinados a acoger a menores, el número de plazas en cada municipio, el historial de incidentes ocurridos dentro o fuera de los recintos, su coste, el presupuesto destinado durante los dos últimos ejercicios y el de este año. Ruiz también ha preguntado por el número de los trabajadores desglosados por centros y categorías profesionales y el protocolo del Departamento respecto a los menores que abandonan el centro por fuga o por renuncia. El PP también ha solicitado información sobre las reuniones de la comisión de seguimiento de los menores, de las ausencias no autorizadas de los menores tutelados por la Diputación y de las reuniones mantenidas por la Fiscalía.
Por otro lado, la parlamentaria Nerea Llanos ha solicitado la comparecencia de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia para que explique el protocolo de actuación para ausencias no autorizadas, firmado el pasado octubre por el director de la Ertzantza, Eudel y las tres diputaciones, y que establece que cualquier ausencia de un menor debe ser comunicada a la Policía autónoma a las 24 horas, la encargada de averiguar su paradero. «Algo ha fallado», dijo Llanos, que también exigirá que la Fiscalía, el departamento de Servicios Sociales del Gobierno vasco y el de Educación formen parte del protocolo de actuación para ausencias no autorizadas. Además, también ha solicitado a la consejera de Educación, Cristina Uriarte, que responda qué criterios sigue el Departamento ante la no asistencia de menores tutelados a los centros educativos.
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