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Pedro Learreta, socio de Garrigues Asociados: «Si el crimen es grave y no hay morbo, se debe informar»
Pedro Learreta, socio de Garrigues Asociados

«Si el crimen es grave y no hay morbo, se debe informar»

Domingo, 28 de marzo 2021, 03:28

«Esta sentencia tiene el valor novedoso de que las circunstancias particulares del caso las eleva a rango general». Pedro Learreta, socio de Garrigues Abogados, destaca la trascendencia de la decisión tomada por el Tribunal Supremo en la sentencia relacionada con el 'crimen de Otxarkoaga', fechada el 16 de marzo pasado. Porque, según este letrado, el alto tribunal defiende el derecho a la información, siempre que lo que se aborde sea tratado con profesionalidad y se huya del «exceso» y del «morbo».

«La Fiscalía sostenía -explica Learreta- que cualquier información sobre ese caso debía estar condicionada por el hecho de que los implicados eran menores. y que, de esa manera, no se podía publicar nada. La Sala, sin embargo, dice que no, que no se puede impedir la información sobre menores en esos casos en los que se cometan delitos graves».

De esta forma, recalca el abogado encargado de la defensa de este periódico, «si el crimen es grave y el interés de la sociedad es importante, prevalece el derecho a la información». Todo ello, eso sí, siempre que el medio de comunicación aborde el caso desde un «tratamiento informativo no morboso» ni «sensacionalista».

La Fiscalía, que ya ha sufrido dos traspiés en este procedimiento, tiene la posibilidad ahora de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Una vía que demoraría la resolución definitiva de este litigio al menos dos años. Una posibilidad que, en todo caso, Learreta ve complicada. Se basa para ello en un gesto significativo que el Ministerio Público protagonizó en el Supremo. Frente a la posición adoptada por la fiscal en Bizkaia, que exigió 90.000 euros de indemnización para los menores, el representante en el alto tribunal rebajó esa cantidad a los 18.000 -6.000 para cada uno-.

Un cambio de posición que evidencia que «la primera solicitud había sido excesiva» y que los superiores en la Fiscalía -se trata de un órgano que se regula por un estricto escalafón- reconocían de alguna manera la desacertada actuación en Euskadi.

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