La empresa que gestionó unos apartamentos turísticos en el acantilado Peñas Rojas de Bakio ha iniciado una batalla legal contra la orden de la Demarcación de Costas en el País Vasco de aumentar la protección del litoral de esta localidad. La medida obliga a los ... propietarios de este alojamiento (hoy sin uso) a dejar una franja de libre tránsito dentro de su propio terreno para que cualquier ciudadano pueda pasear por la zona. Luruda, la mercantil que explotaba el negocio, aseguró durante el proceso administrativo que los cambios aprobados eran «impracticables e innecesarios», al tiempo que alertaba sobre su posible «ilegalidad».
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Por todo ello, la sociedad ha decidido abrir una guerra jurídica, llevando el deslinde dictado ante la Audiencia Nacional. La orden de Costas supone cambios que afectan, sobre todo, a una decena de chalés de lujo, entre los que está el que albergaba antaño los apartamentos turísticos. Estas construcciones se encuentran en primera línea del litoral y tendrán ahora que ceder una porción de sus jardines y parcelas para habilitar una servidumbre de paso de, al menos, seis metros.
El asunto trae cola desde hace varios años en Bakio, ahora gobernado por EH Bildu. Esta coalición apoyó el proceso para dotar al litoral de la localidad, castigado en las últimas dos décadas por una fiebre urbanística, de una mayor protección. El deslinde prevé aumentar a 200 metros tierra adentro la distancia en la que no se puede construir. Esto se aplicará en una franja de dos kilómetros de litoral. Además, el instrumento normativo aborda la polémica situación de la línea del mar en Peñas Rojas, donde las parcelas de algunas viviendas se asoman literalmente al mar.
A finales de marzo, la propia Demarcación de Costas emitió un anuncio en el que advertía de la existencia del recurso contencioso-administrativo contra su resolución ante la Audiencia Nacional e informaba a otros posibles afectados para que pudieran personarse en el proceso. Serán por lo tanto los jueces los que determinen la legalidad o no del deslinde aprobado, que modifica, en realidad, uno elaborado en 2000 y que era mucho más permisivo.
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En el plazo de alegaciones, el representante legal de los apartamentos aseguró que la modificación «hace imposible e inviable la residencia y pleno disfrute de las viviendas por parte de mi cliente». Y añadía que contravenía, además, los parámetros de todas las licencias que se habían obtenido por vía legal.
Con un lenguaje y una rotundidad poco habitual para un organismo público, Costas respondió que su interés es «pretender seguir disfrutando privativamente del escaso terreno que por la afección de la servidumbre han dejado libre de construcción, con el objetivo de que los usuarios de los apartamentos turísticos en que ha convertido las viviendas puedan disfrutar en exclusividad de tan privilegiado entorno».
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