Piden a Bruselas medidas «urgentes» y «precisas» para garantizar el suministro de pescado a la población

Los arrantzales, inmersos en la pesca del verdel, tampoco ocultan su «gran preocupación» e «incertidumbre» por el devenir de la costera de la anchoa, al tiempo que la flota de altura más importante del Cantábrico, con base en el muelle ondarrés, pierde poco a poco buena parte de su mercado con el cierre de restaurantes, bares, hoteles y centros escolares, entre otros.

Ante esta situación, el sector pesquero europeo ha pedido a Bruselas la adopción de un paquete de medidas para garantizar el suministro de pescado a la población. «Los problemas operacionales, comerciales y humanos que hemos comenzado a detectar se agravarán en las próximas semanas», recoge el comunicado enviado a la Comisión Europea por la Confederación Estatal de Pesca, Cepesca, que agrupa a 36 asociaciones de armadores de buques tanto de altura como de bajura.

Entre los problemas operacionales figuran, restricciones a las actividades portuarias en terceros países, dificultades logísticas para la descarga de pescado entero congelado en puertos europeos, limitaciones al envío de mercancías y obstáculos para el relevo de tripulaciones de larga distancia debido a cuarentenas.

Asimismo, apuntan también aumentos en las tarifas de hasta un 300% de los envíos por falta de disponibilidad de, por ejemplo, contenedores refrigerados o quiebras en algunas compañías de seguros que comienzan a abandonar al sector.

Por lo que se refiere a los aspectos que afectan a las personas y tripulaciones, señalan que no existe un protocolo de acción en caso de cuarentenas de buques europeos en puertos terceros, así como asistencia sanitaria regular en los mismos; imposibilidad de repatriación de marineros o dificultades en el suministro de medicamentos o material de protección, tales como mascarillas o guantes. «Las medidas de protección que están adoptando los países miembros de la UE pueden poner en peligro la comercialización de productos pesqueros y la desaparición de la demanda y, en consecuencia, el cese temporal de las operaciones de pesca», recalcan.

Con el fin de intentar paliar, en la medida de lo posible la situación, así como para «alentar» a los pescadores a continuar desarrollando su actividad, solicitan a la Comisión Europea «la opción de transferir más del 10% de sus cuotas de pesca al próximo año», tal y como se llevó a cabo en 2014 y 2015 para las especies pelágicas. Igualmente, reclaman medidas fiscales y mecanismos de precio mínimo a través de las organizaciones de productores para ayudar a financiar la actividad, asegurando que los precios de intervención sean justos y cubran los gastos operativos.

Entre el paquete de medidas propuesto a la UE también se encuentra garantizar a través de planes de emergencia estatales que los servicios logísticos pueden distribuir productos pesqueros con unos costes equilibrados que no repercutan ni en el productor ni en el consumidor, procurando que el precio de venta sea proporcional al precio intervenido en origen.