Deciden reducir el caudal ecológico mínimo en los ríos de Urdaibai

El Consejo del Agua del País Vasco, integrado por representantes de la administración autonómica, diputaciones forales, entes locales y Gobierno central, entre otros organismos, ha decidido reducir el caudal mínimo del agua en los ríos de Urdaibai. La medida se ha adoptado en base a los aforos realizados por el Consorcio de Agua Bilbao Bizkaia en los arroyos del Mape, Golako y Kanpantxu de Busturialdea, «que nos han aportado parámetros más precisos y actualizados sobre los niveles en los que fluye el agua en los mismos y, por tanto, han posibilitado la toma de esa decisión», explican desde la Agencia Vasca del Agua (URA).

Las revisiones de los caudales se realizan «cada cinco años» en coincidencia con la actualización del Plan Hidrológico. Sin embargo, las administraciones competentes han optado por actuar con antelación y llevar a cabo la actualización puntual de los mismos «porque nos lo ha posibilitado precisamente la gran cantidad de datos aportados en ese sentido», explicaron las mismas fuentes.

La medida, por el contrario, ha sido duramente criticada por grupos ecologistas. Eguzki y Ekologistak Martxan consideran, de hecho, que la resolución pone «en serios riesgos» la fauna y vegetación del cauce y riberas de Busturialdea, que desde hace algunos años enfrenta problemas de abastecimiento hídrico para la población.

«Es inadmisible que tomen esa medida cuando en 2020 ya realizaron captaciones de más y dejaron el Mape totalmente seco», ha asegurado a EL CORREO Javi Vázquez, miembro de Ekologistak Martxan. En este sentido, las organizaciones ecologistas recordaron que, como consecuencia de aquella actuación, tres años después, el Juzgado de Gernika abrió una investigación penal por un posible delito medioambiental contra el antiguo Consorcio de Aguas de Busturialdea, integrado en la actualidad dentro del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia.

«Aquel verano, dejaron el río de Busturia con un caudal de agua por debajo de los niveles establecidos por la ley. El caso aún está abierto, por lo que resulta incoherente que las administraciones, sin haber resuelto este asunto, enciman tomen la decisión de permitir una reducción adicional del flujo del agua en los arroyos» reprobaron.

Frente a las críticas de los grupos ecologistas, desde URA justifican la medida bajo el argumento de que el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia «lleva a cabo más aforamientos que nunca», en el área protegida. Asimismo, aseguran que se actúa «con mayor rigor» a la hora de mantener los caudales ecológicos y controlar la presión ejercida por las captaciones, a fin de equilibrar las necesidades del recurso hídrico por parte de la población con la preservación del medio ambiente. «Los ríos no se van a quedar secos», aseguran.

Eguzki y Ekologistal Martxan, sin embargo, rechazan la medida «aunque sea de forma provisional». En este sentido puntualizan que la Ley de Aguas ya permite incumplir los caudales ecológicos para abastecer a la población en casos de falta de suministros alternativos, «pero esta excepción no aplica a los ríos protegidos bajo la Convención RAMSAR, en el que se enmarcan los humedales de Urdaibai», aclaran.

Los ecologistas han denunciado también que el proceso de aprobación de la medida en el Consejo del Agua del País vasco estuvo «lleno de dudas e irregularidades». Según afirman, la Agencia Vasca del Agua (URA) abrió un período de consultas a las partes interesadas, «pero sin comprobar antes si recibimos las notificaciones pertinentes». «Durante el periodo de alegaciones, solo se recibió una, procedente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, que obviamente fue favorable a los cambios propuestos», reprobaron. Este extremo, sin embargo, ha sido negado por URA, organismo desde el que aseguran que tanto Ekologistak Martxan como Eguzki fueron informados del proyecto «antes de nada». «No respondieron», confirmaron incluso.

Desde los colectivos ecologistas han criticado, asimismo, la exención del pago del canon del agua a las explotaciones agropecuarias de Busturialdea con carácter retroactivo para los años 2022, 2023 y 2024; una medida que fue incluida en la Ley de presupuestos del Gobierno Vasco y aprobada en sede parlamentaria. «Este canon es esencial para la sostenibilidad del uso del agua y la recuperación de costes de los servicios relacionadas con el recurso hídrico», afirmaron.

La ausencia de contadores les lleva a pensar que «por lo visto no importa la cantidad de agua que consuman, ya que no se puede controlar ni gravar». «Ese hecho nos podrían llevar a un consumo descontrolado y sin sanciones, beneficiando intereses particulares por encima del interés general», advierten.

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