Manu Cecilio

Un convenio de 2 millones de euros por nueve meses

Los vecinos critican que no sea la empresa quien contrate vigilancia privada para garantizar la seguridad del recinto

D. S. O.

Miércoles, 22 de mayo 2024, 01:38

La decisión de que la Ertzaintza empiece a controlar el interior del centro de menores ha generado malestar entre muchos de los vecinos de Sopuerta que desde el primer momento se han opuesto a la apertura de esta instalación. No por el hecho de que ... se refuerce la seguridad -algo que aplauden- sino porque entienden que, en todo caso, es la fundación catalana privada que gestiona el recinto la que debería contratar protección privada. Esta compañía tiene suscrito un convenio de colaboración por el que percibirá algo más de dos millones de euros hasta el 31 de diciembre para la prestación de este servicio público.

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El contrato con la fundación catalana Salud y Comunidad (FSC) aparece en la relación de convenios suscritos por la Diputación de Bizkaia entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024. El acuerdo está suscrito por el Instituto Foral de Asistencia Social, entidad dependiente del ente foral, y tiene como objeto la atención de los menores no acompañados «que puedan llegar al territorio histórico de Bizkaia» y sobre los que se determine la «obligación de prestar la atención inmediata que precisen», de acuerdo con los decretos forales establecidos a partir de las leyes de Protección Jurídica del Menor y de Extranjería.

«Problemáticas sociales»

Fue la propia fundación catalana Salud y Comunidad la que confirmó a este periódico el pasado marzo que había adquirido el palacete de Sopuerta. La entidad sin ánimo de lucro, especializada en la atención de «problemáticas sociales», pasó a ser la propietaria del inmueble que aparecía a la venta en diferentes portales inmobiliarios por 1,3 millones de euros.

El proyecto generó un fuerte rechazo entre muchos de los vecinos. Se produjo en un momento en el que la llegada de adolescentes extranjeros estaba registrando un repunte que obligaba a adoptar medidas «excepcionales». Según se explicó, el recurso iba a estar preparado para dar acogida a entre 9 y 30 usuarios. También se dijo que los residentes tendrían entre 14 y 18 años. Se trata de una instalación -apuntaron- destinada a la preparación para la emancipación de los internos en el que los adolescentes serán educados para «integrarse en el entorno y en el mercado laboral».

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