Es compleja la relación que tiene el Ayuntamiento de Bilbao con las cámaras como dispositivos para controlar el acceso de los vehículos a ciertos barrios. La pasada semana se supo que las instaladas en Abando e Indautxu para vigilar la zona de bajas emisiones, que ... entrará en vigor el 17 de junio, no sancionarán hasta septiembre, lo que previsiblemente limitará su función disuasoria durante ese tiempo. Pero es que las del Casco Viejo, las que vigilan las entradas a la zona histórica desde septiembre de 2022, están en una situación poco clara más de año y medio después de su estreno oficial.
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El grupo municipal del PP denuncia desde hace tiempo que los controles de acceso a las Siete Calles no están funcionando. A juicio de los populares, eso supondría que el Ayuntamiento estaría asumiendo de forma implícita que la ordenanza no se aplica porque crea más problemas de los que soluciona. El presidente de los comerciantes del barrio, Luis Arbiol, dice lo mismo: «Creemos que las cámaras no están activadas porque en este tiempo no conocemos a nadie que haya sido sancionado». Ante esta situación, «hemos preguntado en el Ayuntamiento y no nos contestan, únicamente nos dicen que la normativa está aprobada».
Una normativa que no gusta a los comerciantes. Un mes después de aprobarse la ordenanza, que también controla el tiempo de estancia de los vehículos de carga y descarga en el barrio, se flexibilizaron los criterios ante las quejas de los empresarios. Se ampliaron entonces los tiempos de circulación para el reparto y se establecieron excepciones para según qué negocios, lo cual, como es lógico, hizo más compleja la gestión del asunto para los servicios municipales.
¿Por qué no les gusta a los comerciantes esta regulación? «Hay que hacer una serie de trámites para entrar, como por ejemplo acceder a la app del Ayuntamiento, poner la matrícula, justificar la entrada... Eso ha hecho que algunas empresas de reparto no quieran venir porque consideran que es una zona problemática». También obliga a los empresarios a gestionar invitaciones para quienes quieren acercarse a sus negocios. Y «no se permiten camiones de más de 5.000 kilos porque dicen que estropeamos las calles, mientras que los de la basura son mucho mayores y circulan sin problemas». En fin, que están molestos con la norma y consideran que perjudica a sus intereses. Lo bueno, insiste Arbiol, es que «no está funcionando. Pero cuando empiecen a multar vamos a tener un problemón».
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Desde área de Movilidad y Sostenibilidad, liderada por la socialista Nora Abete, recuerdan que la ordenanza de preferencia peatonal lo que busca es compaginar y mantener el equilibrio entre quienes utilizan el espacio público: vecinos, comerciantes, hosteleros, turistas... «Cada vez hay menos coches», asegura y se felicita Ignacio Alday, director de Movilidad. Como ejemplo, desde el departamento revelan cómo ha menguado el tráfico en la calle Askao: en julio de 2022 circularon por ella 1.589 vehículos al día, cifra que en los cuatro primeros meses de este ejercicio se quedó en 1.256. Aunque no se trate de fechas equiparables, supone un descenso del 21%.
¿Pero está funcionando el sistema sí o no? «Sí, aunque es cierto que el Ayuntamiento no tiene afán recaudatorio. No estamos sancionando en demasía, hay una flexibilidad en todo esto. Va poco a poco, pero está funcionando».
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¿Cuántas multas se han puesto? ¿En qué consiste la flexibilidad de la que habla el responsable municipal? ¿Tiene que ver con un funcionamiento de las cámaras solo en ciertos horarios, o en que únicamente se sanciona a quien haya incumplido de manera reiterada? ¿Qué se considera un incumplimiento reiterado? En el equipo de gobierno rechazan facilitar datos sobre sanciones y también sobre los criterios que guían el funcionamiento del sistema. Contraponen, eso sí, los resultados de la ordenanza de preferencia peatonal, que a su juicio son positivos porque, según sus cifras, hay menos coches.
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