Las constructoras del TAV reclaman más de 80 millones a los gobiernos central y vasco

¿Por qué reclaman las constructoras? El principal argumento utilizado tiene que ver «con los costes debidos al incremento de los plazos de ejecución de las obras, por causas no imputables a las empresas», apuntan fuentes del Ejecutivo autonómico. Es lo más habitual. El TAV es una obra colosal que se ha ido desarrollando de forma atropellada, alternando fases de mucha actividad con otras de casi abandono. Y este ritmo ha hecho que muchas obras hayan permanecido abiertas casi una década, lo que suele implicar siempre problemas y retrasos en las certificaciones y pagos.

Cuando las mercantiles adjudicatarias presentan una reclamación por vía administrativa y las autoridades la rechazan por no estar de acuerdo, lo normal es que el asunto acabe en los tribunales. Fomento se enfrenta a 31 procesos litigiosos que están en marcha, de los que 8 se hallan todavía en fase administrativa previa a la judicial (6 de ellos son por incidencias en el contrato), mientras que otros 23 casos están ya pendientes de celebración de vista o sentencia. El importe que se exige en estos requerimientos dirigidos al Gobierno central es de 61 millones.

En caso de aceptarse los planteamientos de los promotores, el primer grupo de reclamaciones supondría un desembolso para las arcas públicas de 17,7 millones de euros , mientras que para las liquidaciones que han sido recurridas y están más avanzadas, el gasto total ascendería a 43,4 millones de euros. En el caso de las instituciones vascas, el número de las que se han cerrado con discrepancias asciende a 11. Ocho de ellas están en vía administrativa y 3, en los tribunales. Al contrario que Madrid, Lakua no ha querido desvelar el importe que está en juego, pero las fuentes consultadas aseguran que rondan los 20 millones de euros.

Los desencuentros entre constructoras y administraciones en el desarrollo de la 'Y' vasca han sido una constante desde el mismo momento en que comenzaron los trabajos, en el otoño de 2006. De hecho, tanto Adif (organismo dependiente de Fomento) como su entidad homóloga en Euskadi -Euskal Trenbide Sarea (ETS)-, que ejecuta el tramo guipuzcoano, cuentan con un servicio de asesoría jurídica y técnica para dirimir estos desacuerdos. Adif gastará medio millón de euros en los dos próximos años en estas labores para la 'Y' vasca y para las obras que ejecuta en el núcleo de Valencia.

Fuentes de Fomento precisaron que el porcentaje de éxito de los abogados que representan al Gobierno central ha sido muy elevado en los últimos años. Entre 2017 y 2021, hubo 14 procedimientos judiciales con sentencia dictada (algunas de ellas están pendientes de recurso). Se discutían indemnizaciones por importe de 55,8 millones de euros. Los jueces condenaron a la Administración a abonar 4,3 millones, lo que representa, aproximadamente, el 8% de las cantidades que estaban en disputa. «Tenemos un acierto del 92%, lo que evidencia que las posiciones de Adif se acompasan perfectamente a los criterios jurisprudenciales», valoran desde esta entidad.

En el caso de las instituciones vascas, las cantidades abonadas por este concepto desde 2017 ascienden a 16,6 millones de euros y se corresponden con 13 disputas. La litigiosidad ha crecido y, según las fuentes consultadas, la inflación y los problemas de suministro de materias primas en el sector de la construcción van a hacer que las empresas adjudicatarias intenten cuadrar «como sea» los presupuestos de las obras. Hablamos de trabajos que fueron, en algunos casos, adjudicados hace ya mucho tiempo.

Todo apunta a que las reclamaciones irán al alza, aunque también es verdad que se han tomado medidas desde la Administración para que las constructoras puedan sobrellevar el incremento de costes por la subida de las materias primas y otras dificultades, como la guerra de Ucrania. En este sentido, se acaba de aprobar un decreto que da más margen al sector público para la revisión de precios en sus obras.