La constructora del vertedero cambió el proyecto autorizado por el Gobierno vasco

En 2004, Verter Recycling, propiedad de José Ignacio Barinaga, contrató a la ingeniería LKS para que le realizase el diseño de un vertedero en la vaguada del barrio de Eitzaga de Zaldibar. Elaboró un proyecto detallado en el que, entre otras materias, analizaba el impacto ambiental de la instalación y diseccionaba su futuro funcionamiento. Por ejemplo, señalaba la existencia de unos pequeños arroyos en el fondo del valle y advertía de que la instalación correría el riesgo de verse afectada por filtraciones si se excavaba más allá de un punto determinado.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Zaldibar acreditó la compatibilidad de la actividad propuesta con el planeamiento urbano. Es decir, el vertedero encajaba con los usos previstos en las parcelas en las que se pretendía construir. Ambos documentos –el municipal y el estudio de LKS– se presentaron en el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ese mismo año.

El proceso administrativo se aceleró. Como es preceptivo, se pidió opinión a diversos organismos y se inició el trámite de información pública. Entre finales de 2004 y agosto de 2005, el Ejecutivo vasco reclamó a la empresa que incorporara al expediente información adicional. Tras analizar las alegaciones sobre el riesgo para los manantiales, el proyecto recibió el visto bueno. Era el 22 de enero de 2007. Ese día, mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, se le concedió al proyecto tanto la declaración favorable de impacto ambiental –donde se valoraban las consecuencias sobre el medio natural– como la Autorización Ambiental Integrada, que constituye el marco regulatorio del funcionamiento de la instalación.

Ese mismo año, Barinaga rompe con LKS. Fuentes conocedoras de los acontecimientos señalan que el empresario consideraba que el proyecto de la ingeniería era «implanteable». Y decidió contratar a otra empresa, Geiser HPC, para ejecutar la obra y levantar el vertedero. Con la autorización ambiental de LKS en la mano, esta compañía, según consta en su propia página web, cambió la «práctica totalidad» del proyecto anterior. De hecho, afirma que realizó uno «nuevo» para «optimizar» la obra y posterior «explotación y clausura» del vertedero. Esta última ingeniería se encargó también de la «dirección facultativa de las obras» y de la «asistencia técnica» durante la fase de explotación. Gesier HPC todavía hoy trabaja con Verter Recycling.

¿Qué cambió entre el proyecto que recibió la luz verde del Gobierno vasco respecto al que al parecer se ejecutó? Es complicado confirmar hoy el alcance de las modificaciones. Pocos días después de que estallase la crisis por el derrumbe, LKS borró de su página web el trabajo que realizó en 2004 para Barinaga, que sin embargo todavía hoy figura en la web del Gobierno vasco. Según fuentes de LKS, lo ha hecho ahora para no dar pie a malas interpretaciones, aunque ese 'borrado' se produce al cabo de 16 años. La compañía asegura que el vertedero que se «ejecutó» en la vaguada de Eitzaga «no fue proyectado ni construido» por ella.

¿Qué dice Geiser HPC sobre todo esto? Nada. Los responsables de la firma prefirieron no devolver las llamadas realizadas por este periódico. ¿Y el Gobierno vasco? Las fuentes oficiales consultadas en el Departamento de Medio Ambiente reconocieron que los proyectos fueron realizados por empresas distintas. No entraron en detalles sobre las diferencias entre uno y otro. Señalaron que es la «autorización ambiental» la que marca las «condiciones» a la empresa que proyecta la obra. Dan por hecho que éstas se respetaron.

Fuentes de Verter Recycling insisten en que todos sus papeles estaban regla, ya que tenían «actualizada» la Autorización Ambiental Integrada. Un portavoz de la empresa alega que el Ejecutivo les dijo que no hacía falta una nueva autorización porque no había «diferencias sustanciales» entre un proyecto y otro.

La ley contempla la necesidad de una nueva declaración de impacto medioambiental para un proyecto que haya registrado cambios de calado, como los que reconoce Geiser en su web. Expertos consultados por este periódico, como ingenieros de caminos y abogados urbanistas, insisten en que un proyecto ya autorizado por la Administración pero sometido a modificaciones posteriores importantes debería haber afrontado un nuevo proceso de aprobación administrativa y un nuevo plazo de alegaciones. La clave es que el «órgano autorizado» –es decir, el Ejecutivo vasco– es el competente para decidir si los cambios son determinantes o no.

La cuestión también afecta al Ayuntamiento de Zaldibar, que le concedió la licencia de actividad supuestamente en 2011. Los consistorios, según explican medios especializados, no pueden oponerse a una actividad determinada –por ejemplo al vertedero– si ésta ha recibido previamente la autorización del Gobierno vasco. Lo que sí pueden es establecer «medidas correctoras» adicionales, como hizo por ejemplo el Consistorio de Zalla en 2016 con una empresa papelera.

Lo que sí están obligados es a la apertura de un periodo de alegaciones –y publicitarlo en el Boletín de Bizkaia– previo a la concesión de la licencia de actividad. En Zaldibar, el boletín no recoge que se cumpliese con este trámite. La única referencia a Verter es de 2006, cuando pidió autorización para el relleno de la vaguada con el fin de situar un vertedero. El Consistorio de Zaldibar evitó hacer declaraciones sobre el asunto.

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