El constructor que pasó del todo a la cárcel

La larga lucha ante los juzgados sacó a la luz las relaciones entre el empresario, uno de los más pujantes en el mundo de los negocios vizcaínos en la pasada década, y el PNV, ya que durante la vista oral se desveló cómo una vez que la operación urbanística estaba en marcha, el propio Fernández intentó negociar tanto con el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, como con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, el aplazamiento de sus pagos con Hacienda. En sus declaraciones públicas, tanto en los tribunales como en la prensa, Fernández reiteró que se sintió «engañado» por los jeltzales.

Jabyer Fernández, surgido del mundo de la construcción y ferrallista de profesión, creó un entramado de empresas en 1987 en las llegaron a trabajar 2.000 personas y que en 2007 facturó 281 millones de euros. Entre ellas Fonorte, una compañía de la construcción que también se vio salpicada por los escándalos, o Afer. Además contaba con firmas como Talleres Melma, dedicada a la máquina herramienta, o Cardgirus, para la construcción de bicicletas.

Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, sus empresas comenzaron a tambalearse hasta convertirse en una pesadilla no solo para las familias que habían depositado su dinero en alguno de los proyectos inmobiliarios de Fernández, sino también para las instituciones que se enfrentaron a una inminente quiebra con numerosas ramificaciones.

En 2011, Fernández recibió su primer varapalo en los tribunales al ser condenado a diez años de inhabilitación para administrar bienes ajenos por agravar la insolvencia de Iurbenor. La sentencia consideró probado que destinó parte del importe de la venta de los terrenos en Lutxana a invertir en otras sociedades del grupo. La resolución judicial más dura fue en 2014, cuando la Audiencia de Bizkaia le consideró culpable de haber agravado de «forma consciente» la quiebra de Iurbenor. El fallo le absolvió de la acusación de fraude fiscal, aunque sigue siendo uno de lo mayores moros de la Hacienda vizcaína.

Hoy sigue batallando en los tribunales contra la Diputación, a la que reclama 30,8 millones por el fiasco de Habidite, sociedad creada en 2006 por Jabyer Fernández para poner en marcha una fábrica de viviendas modulares en Alonsotegi, un plan que recibió un decidido apoyo desde los poderes públicos, pero que se hundió tras un sonado encontronazo entre el hombre de negocios de Santurtzi y el entonces diputado general, José Luis Bilbao.