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El director técnico y copropietario de la extinta empresa Construcciones Laneder ha declarado ante un juez que cobró del Ayuntamiento de Alonsotegi 600.000 euros ... por tres obras que su empresa nunca llegó a ejecutar. El dinero procedía de subvenciones forales. El constructor Eduardo I. A. está implicado en la penúltima causa judicial abierta para tratar de esclarecer lo sucedido en la gestión municipal de la localidad encartada entre los años 2003 y 2015. El caso lo lleva la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo y ha citado como investigados al propio hombre de negocios, a su socio, a dos arquitectos, a una técnica y al exalcalde José Luis Erezuma (PNV).
La Fiscalía denunció a todos ellos porque sospecha que, hace siete años, pudieron incurrir en los delitos de prevaricación, falsedad, fraude a las administraciones públicas y malversación. El Ministerio Público sostiene que en Alonsotegi se articuló una trama que «aprovechó las lluvias intensas que tuvieron lugar entre el 4 y el 6 de noviembre de 2011 para procurar a cuatro de los implicados un beneficio económico ilícito, con el dinero procedente de la Diputación en concepto de ayudas, tras emitir facturas sin contenido económico real».
La declaración del directivo de Lan Eder tuvo lugar el pasado 20 de noviembre. Duró poco más de un cuarto de hora. En ese tiempo, Eduardo I. A. apuntó directamente a Erezuma. Primero puso en antecedentes a la magistrada. Relató cómo el Consistorio debía a su mercantil más de un millón de euros por la construcción del ambulatorio. En aquel momento, las arcas del Ayuntamiento estaban en bancarrota, lo que provocó que sus cuentas fueran intervenidas posteriormente. En este contexto, el empresario aseguró que fue el máximo responsable local el que le llamó a una reunión y le propuso firmar una serie de certificaciones de obra y emitir unas facturas por una serie de trabajos para tratar de saldar esa abultada deuda.
617.000 euros. Es la cantidad que la Fiscalía asegura que cobró Laneder del dinero procedente del fondo de la Diputación para sufragar obras necesarias por las inundaciones de 2011. Además, el Ministerio Público sostiene que dos arquitectos o empresas relacionadas con ellos percibieron otros 34.000 euros.
4 procesos hay abiertos en Alonsotegi. El primero y más avanzado es el 'caso Eraikiz', que está pendiente de recurso contra el auto de procesamiento a dos exalcaldes. Y luego se instruyen diligencias por supuestas obras falsas en 2008 y 2012. Además, se ha deducido testimonio para investigar una posible falsedad documental.
«Me dijo que para cobrar ese importe, pues nada, que teníamos que hacer una serie de cosas y nosotros hicimos lo que nos mandó hacer», afirmó ante la juez. «Nos trasladó que había que firmar unos papeles (certificaciones) y expedir unas facturas. Y que si no accedíamos, pues que nos pusiéramos a la cola y que ya veremos si cobraríamos», concretó, a preguntas del fiscal.
Lo más llamativo, tal y como se encargaron de subrayar tanto el Ministerio Público como la acusación popular (ejercida por EH Bildu), es que todo apunta a que las citadas actuaciones (reparación de los muros del Elkartegi y del ambulatorio, y la reforma del sótano del Ayuntamiento) nunca se ejecutaron.
- Fiscal: ¿Entonces, los trabajos que se reflejan ahí (muros) y en el concepto de la factura no se hicieron?
- Investigado: No, no se hicieron.
- F: ¿Y en el Ayuntamiento?
- I: No. Tampoco se hizo nada en el sótano de la casa consistorial.
- F: ¿Los importes de esas facturas se llegaron a cobrar?
- I: Sí. (...) Estábamos muy ahogados. Optamos por decirle que sí. Llevábamos cuatro años esperando los pagos. (...) Yo iba a esa reunión a cobrar. Y la única opción que nos puso fue esa y la aceptamos.
Después, a preguntas de la acusación particular, Eduardo I. A. dijo que desconocía, en un primer momento, que el dinero ingresado procediera de la Diputación. «Luego nos enteramos que eran unas obras de las inundaciones. Poco me importaba. Yo lo que quería era cobrar», manifestó. La juez reanudará la toma de declaraciones a los investigados el mes que viene.
La declaración del constructor apunta directamente a José Luis Erezuma. Este empresario no había tenido nunca un cargo público hasta que aceptó la oferta del PNV para ser su candidato en su pueblo natal en 2011. Al contrario que su sucesor, Erezuma no cobró salario alguno por su labor. Además, admitió en alguna ocasión haberse saltado los procedimientos administrativos para reducir la deuda del Consistorio y reordenar los pagos. Por ejemplo, destinó dinero obtenido con la venta de patrimonio a abonar facturas atrasadas. Su obsesión fue sacar, a toda costa, al Ayuntamiento de la situación de quiebra en la que se encontraba.
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