El Consejo General de la Abogacía Española se ha sumado este martes a las voces que cuestionan el sistema de identificación de acusados, abogados y testigos que como anunció EL CORREO comenzó a aplicarse hace unas semanas en los dos juzgados de Violencia sobre ... la Mujer de Bilbao. El máximo órgano de representación de los letrados en España, que agrupa a 83 colegios profesionales, se ha sumado al duro comunicado emitido el lunes por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, que exigió la retirada de esta medida, que pretende reforzar la seguridad de las víctimas de violencia de género, al entender que «vulnera la presunción de inocencia, igualdad, dignidad y tutela judicial efectiva».
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Este nuevo pronunciamiento se produce, además, después de las dudas que también han surgido en el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, como ha adelantado este periódico CORREO. Desde la consejería apuntan que esta decisión, aunque esté pensada para mejorar la protección de las víctimas, puede afectar «a los derechos de los testigos o de los denunciados». En este sentido, desde la administración autonómica se muestran partidarios de abordar esta cuestión «en los próximos días». La intención de la consejería es escuchar los «argumentos completos» de las partes, tanto de «los que han tomado la decisión» como de los que han «presentado la queja» para «tratar de buscar una solución entre todos».
En este contexto, la subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española considera que la imposición de estas pegatinas, que acrediten su condición profesional, «resulta a todas luces improcedente» y atenta contra la «dignidad de la profesión», ya que esta medida sólo se impone a los abogados y «no a todos los operadores jurídicos». Además, insisten en que los letrados ya disponen de un documento identificativo que deben exhibir a requerimiento del órgano judicial.
Por otro lado, a su juicio, esta medida supone para los investigados la «exhibición pública de su condición», lo que «compromete claramente la reputación» de los acusados, que tienen -insiste el comunicado- el «derecho a la presunción de inocencia».
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Finalmente, el Consejo insiste en que la protección de las víctimas es un «pilar esencial» en la lucha contra la violencia de género, pero recalca que debe «articularse y garantizarse» a través de medios que ya existen en el ordenamiento jurídico y que no vulneren «la dignidad de los profesionales ni los derechos de las personas investigadas». Por todo ello, piden que «se dejen sin efecto» estas medidas.
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