El conflicto del Moma, en diez capítulos

Mocedades inaugura la sala

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El enfrentamiento entre la discoteca Moma, los vecinos de la calle Rodríguez Arias y el Ayuntamiento se ha convertido en un culebrón legal en el que está en tela de juicio el derecho al descanso de los vecinos y los intereses de las empresas de ocio. La saga comienza el 12 de enero de 2017, cuando la sala abre sus puertas con una actuación de Mocedades. La música y el público de esa inauguración no presagian todavía el conflicto que está a punto de estallar.

El Ayuntamiento comienza a estudiar el cierre

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El 22 de marzo, tres meses después de la apertura, la responsable municipal de Medio Ambiente, Inés Ibáñez de Maeztu, anuncia por primera vez que se actuará con «todo el rigor de la ley, sin descartar el cierre cautelar» después de que el local sobrepasara en tres ocasiones los límites de sonido autorizados. En ese momento, tanto empresarios de la zona como vecinos denuncian los problemas de la calle. La tensión se eleva a raíz del accidente de tráfico de un coche aparcado en la puerta, que se estrella contra una pared cercana en una maniobra de riesgo.

Las quejas vecinales llegan a los tribunales

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El 22 de mayo, los vecinos de Rodríguez Arias y los responsables del Hotel Ilunion, perteneciente a la ONCE, presentan una demanda contra el Ayuntamiento la «presunta concesión ilegal de la licencia de actividad» para la realización de espectáculos públicos en la discoteca. Denuncian la inacción del Gabinete Aburto y la «pasividad de la Policía municipal»..

Diálogo sin avances

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El 30 de agosto, la sala reabre sus puertas tras desprecintar el Ayuntamiento su equipo de música. El Consistorio entiende que la discoteca ha corregido sus deficiencias y ya cumple la normativa. El Moma, cerrado durante el mes de agosto, sigue en el ojo del huracán. El Ayuntamiento anuncia nuevas actuaciones para mejorar la convivencia. Su apuesta es la evaluación continuada del impacto acústico en el exterior, el despliegue de la Policía Municipal, la intervención de educadores nocturnos y el de los servicios de limpieza. En cuanto a la sala, se coordinará con las diferentes áreas municipales y adelantará la entrada a las 02.00 horas para que el ocio empiece antes. La Agrupación Vecinal de Afectados de Rodríguez Arias lo rechaza. «El proceso de mediación solo ha servido para gastar más de 18.000 euros de dinero público», afirman al tiempo que piden sanciones. «El descanso es un derecho. La algarada nocturna, no», concluyen.

Aumentan las querellas y los expedientes

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La cadena Ilunion y Aranzazu, propietaria del hotel contiguo a la discoteca Moma, presenta una demanda civil contra los titulares de la sala de fiestas. Exigen, «ante el daño reputacional y económico» que vienen sufriendo desde su inauguración, el inmediato cese de las «inmisiones acústicas» que afectan a más de 40 habitaciones. El Ayuntamiento impone una nueva multa a la discoteca. Esta vez vuelven a ser cuatro meses de sanción por exceder los niveles permitidos de ruido. En ese momento la sala acumula ya once expedientes.