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«Estos cuatro años de proceso judicial sólo me han desgastado y nada me va a devolver a mi hermano. Pero no me sentí cuidada cuando mi hermano se suicidó en el hospital de Cruces y tenía que hacer algo. Me dijeron que la muerte ... de David era imprevisible a pesar de que llevábamos semanas advirtiéndoles de que no estaba bien y les pedíamos que tomasen medidas. Todos cometemos errores, pero lo que no puede ser es que una administración agrande el dolor de una persona sólo por no reconocer que no ha actuado bien. La realidad es que no hubiese presentado ninguna demanda si se hubieran disculpado».
La que habla es Tania, una joven vecina de Portugalete que acaba de recibir una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Bilbao que le ha dado la razón tras cuatro años de batalla judicial. Tania y David eran la única familia cercana que tenían en la vida. El fallo judicial, que no ha sido recurrido por las partes, determina que el Servicio Vasco de Salud no puso las «medidas específicas preventivas» para evitar que este chico se quitase la vida en septiembre de 2020 durante su estancia hospitalaria. Según el texto judicial, no se tomaron medidas a sabiendas de que el chico estaba ingresado por las lesiones que sufrió durante un intento previo de suicidio en mayo de ese año. No se estableció ningún protocolo a pesar de que el día anterior el paciente, en una consulta de traumatología, comenzó a llorar y a decir que «así no merecía la pena vivir». Y tampoco se establecieron medidas a pesar de que Tania y otros familiares llevaban días advirtiendo de que David «no estaba bien y de que debía ser vigilado durante las noches», cuando se quedaba solo en la habitación.
Tania se decidió a judicializar lo ocurrido a pesar de que la Comisión Jurídica Asesora del propio Gobierno vasco (COJUA) emitió un informe que descargaba de responsabilidad a Osakidetza. En el proceso se ha gastado más de 17.000 euros en asistencia jurídica y, sobre todo, en contratar a un psiquiatra de Palma de Mallorca para que le realizase un informe pericial con las pruebas que obran en el expediente. Recurrió a un médico de Baleares -explica- porque no encontró a ningún especialista de la comunidad autonóma que «se atreviese a presentar un informe» en contra de Osakidetza. La sentencia establece una indemnización de algo más de 34.000 euros.
El fallo judicial da la razón a la demandante en que no se establecieron las medidas necesarias para evitar el suicidio. «En el hospital me decían que primero había que curar el cuerpo y después la cabeza. Pero la realidad es que mi hermano se quito la vida en el hospital, sin poder moverse de la cama», explica Tania.
La sentencia establece que no hubo un «error de diagnóstico», que era otra de las irregularidades que denunciaba Tania. Su hermano fue ingresado después de dejar una carta de despedida e intentar quitarse la vida tras una ruptura sentimental. Sin embargo, en su informe médico descartaron que sufriese depresión. Al parecer sólo padecía ansiedad.
Tania habla ahora que la sentencia es firme, lo que espera que le sirva para empezar a cerrar la herida que ha permanecido abierta cuatro años. Reconoce que la evolución de su hermano era impredecible. Pero insiste en que le «negaron una oportunidad» de poder recuperarse y superar el bache que estaba pasando. «Nadie le mató, pero si alguien te pide ayuda, escúchale. Y sobre todo no le generes más sufrimiento innecesario», reclama. Reconoce que la indemnización no cubre el sufrimiento que ha padecido, pero espera que todo esto sirva para que se preste más atención a la salud mental. Y quiere reconocer el trabajo y el apoyo de su abogada, Agatha Líbano. «Me ha defendido y me ha protegido».
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