Condenan a un menor a pagar 15.200 euros a un ertzaina por agredirle en una actuación

Este incidente se produjo durante la Aste Nagusia de 2018. En ese momento, el acusado era menor de edad. En torno a las siete de la mañana, el joven estaba con varios amigos en la Plaza Circular de la capital vizcaína. Empezaron una pelea con otro grupo de chavales. No se conocían de nada. El condenado se lanzó sobre otro joven. Le propinó patadas, puñetazos e, incluso, «le ahogaba cogiéndole del cuello». Consiguió tirarle al suelo. Y entonces le pegó una patada en la cabeza que le dejó sin conocimiento.

Esta escena fue presenciada por una patrulla de la Ertzaintza. Trataron de separarles. Un agente corrió hacia el que acababa de dejar inconsciente al otro chico. «Pensé que lo había matado. No fue ningún acto de defensa», declaró en el juicio. El agresor trataba de «huir» de allí. El policía le sujetó de los brazos, pero el menor se revolvió de forma «violenta». Cayeron al suelo y el brazo izquierdo del funcionario quedó atrapado bajo el cuerpo del sujeto.

El muchacho que recibió la patada en la cabeza se recuperó rápido. Pero el agente sufrió, entre otras lesiones, una rotura del tendón distal del bíceps del hombro izquierdo. Tuvo que ser operado, estuvo un día ingresado en el hospital y precisó de otros 157 de asistencia médica. Desde entonces, arrastra diversas secuelas. Entre ellas, no puede flexionar el codo por completo. El ertzaina se personó en el procedimiento como acusación particular de la mano del sindicato ERNE. La central mayoritaria de la Policía vasca lleva un tiempo ofreciendo asistencia gratuita a sus afiliados agredidos en el ejercicio de sus funciones. Lo que buscan es impulsar los procedimientos, al margen de la acusación que presente la Fiscalía.

Lo han hecho porque entienden que, muchas veces, los agentes que resultan lesionados en actuaciones policiales quedan «desprotegidos». Por eso, dicen, es importante que en los juicios haya un abogado que defienda sus intereses particulares.

En este caso, la Fiscalía solicitó que se impusiera al acusado 12 meses de tareas socio-educativas, aunque en un primer momento había pedido un año de libertad vigilada. También solicitó una indemnización de 60 euros para el chico agredido y no pidió ninguna compensación para el agente ya que éste estaba representado en el procedimiento por la abogada de ERNE.

A la hora de imponer las medidas sobre el menor, el juzgado ha tenido en cuenta que era la primera vez que el chico se veía envuelto en un asunto judicial de estas características. Es decir, se trata «de un episodio grave, pero aislado en su desenvolvimiento habitual». Por eso, le impone la pena de ocho meses de libertad vigilada y diversos cursos de control emocional.