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La investigación contra Indumetal Recycling empezó en 2016. Una fuente anónima alertó a la Guardia Civil y a la Fiscalía de que esta empresa especializada en reciclaje de productos contaminantes incumplía de forma sistemática, en su sede de la localidad vizcaína de Erandio, con sus ... obligaciones de recuperación de residuos de aparatos electrónicos y vertía las sustancias tóxicas al aire y al río Asua.
Aquella denuncia dio inicio a una investigación judicial que ha concluido ahora, ocho años después, con una sentencia firme de conformidad de la Audiencia de Bizkaia. Es decir, los acusados reconocen gran parte de los hechos que se les imputaban a cambio de una reducción de la pena. El proceso judicial se ha extendido tanto en el tiempo (con un parón entre 2020 y julio de 2021) que los cuatro condenados se han visto beneficiados por la atenuante de dilaciones indebidas. Además, los jueces suspenden la ejecución de las penas por un plazo de dos años, siempre y cuando no vuelvan a delinquir.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía inicialmente para algunos de los principales responsables y mandos intermedios de la firma penas que superaban los 5 años de prisión por delitos medioambientales. Finalmente, tras el acuerdo alcanzado con el ministerio público, el tribunal impone una condena de dos años de cárcel y una multa de 19.500 euros al que fuera vicepresidente de Indumetal entre 2008-2018 y al director general de la empresa. También condena a siete meses de privación de libertad y a abonar una sanción de 7.500 euros al jefe de planta entre 2013 y 2017 y al responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. La sentencia también afecta a la propia empresa como entidad jurídica y deberá hacer frente a una multa de 60.000 euros por el citado delito.
Los hechos probados -que los propios imputados han aceptado- establecen que los responsables de Indumetal, «cada uno en su parcela de responsabilidad», establecieron unos procedimientos «inadecuados» e incumplieron «de forma sistemática» las exigencias legales en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo hicieron al menos desde 2013 y hasta el inicio de la investigación en 2016.
La empresa -prosigue el fallo judicial- almacenaba «las materias primas y los residuos en lugar y modo inadecuados, al aire libre y sobre una solera agrietada que producía filtraciones, lugar donde igualmente volcaban y rompían los equipos haciéndolos impactar sobre el suelo».
Unas prácticas que se realizaban a pesar de que la planta contaba con una nave para la «correcta gestión» de estos residuos. Estos aparatos, con productos altamente contaminantes como el «polvo fluorescentes y el mercurio», se introducían en un aparato que los rompía y los trituraba, lo que provocaba que sus sustancias se liberasen en «el aire, suelo, sedimentos y agua» sin control ni aspiración. Esto provocaba un «riesgo de afección sustancial a la calidad del aire, suelo y agua», de la ría de Asua.
En este contexto, Indumetal Recycling emitió ayer un comunicado en el que insistió en que la sentencia, a pesar de concluir que ha existido un delito medioambiental, no ha «acreditado» que la empresa «haya causado daño a la salud de los trabajadores o al medio ambiente».
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