Condenan a Castro a abonar 5.000 euros a un taller porque el jefe de la Policía local se fue sin pagar

El incidente se produjo a mediados de 2021. El responsable policial llevó a reparar un Ford Grand C-Max de la Guardia urbana, del año 2016, a un taller de la localidad. Allí, una vez reparado el vehículo, se produjo un desencuentro entre ambas partes. No se sabe muy bien qué ocurrió, pero el jefe de la Policía acabó cogiendo el coche y se marchó de allí sin pagar la factura y sin presentar ninguna reclamación.

Fue entonces cuando los responsables del taller presentaron una demanda para exigir el importe de la reparación e insistieron en que el coche había conseguido ya superar la ITV cuando el mando policial se lo llevó de allí. Según la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia de la localidad, el responsable policial afirmó en el juicio que era cierto que había llevado allí el coche. Pero alegó que la empresa había cambiado varias piezas sin conseguir solucionar el problema. Por eso -dijo- decidió llevarlo a otro garaje, que señaló al tubo de emisión de gases como la causa de los problemas. Por todo ello -concluyó el mando- las reparaciones realizadas por el primer taller eran «innecesarias en relación al encargo» que se le hizo.

La empresa contradijo de pleno al jefe de la Policía municipal e insistió en que estuvo informado en todo momento de los trabajos, que no iban a ser «sencillos». Además, presentó diversa documentación para acreditar su demanda, que basa en que todos los trabajos realizados fueron pertinentes, aunque quizá «no suficientes».

La sentencia que condena al Ayuntamiento se basa en la prueba documental. Pero también en la declaración realizada en la vista oral por el jefe de la Policía, plagada de «contradicciones» y que no fue «coherente ni verosímil». En este sentido, el fallo judicial pone de relieve que el mando afirmase en un primer momento que el coche pasó la ITV cuando fue llevado al segundo taller, algo que es falso. Cuando le mostraron la documentación, esta persona acabó reconociendo que fue el primer garaje el que consiguió pasar la inspección, pero insistió en que las reparaciones eran «innecesarias».

«No es muy creíble que ante una insatisfacción en un taller, no se interpone queja ni reclamación alguna y simplemente se huya con el vehículo en cuestión, más aún, sin haber firmado ningún documento ni de fin de depósito del mismo, como exige la normativa aplicable», señala sentencia.

En este contexto, la sección de Castro del sindicato APLB Cantabria ha señalado hoy en un comunicado que, con esta actuación, este mando policial «vuelve a dejar a la altura del betún la imagen de la Policía Local y la del Ayuntamiento, al que causa un nuevo perjuicio económico». Además, recuerda que es «la tercera vez que las arcas del Ayuntamiento asumen condenas judiciales derivadas de la actuación del Jefe de la Policía». Las otras dos fueron por demandas de acoso laboral presentadas por un agente y un oficial de la guardia urbana y censuran que no le haya supuesto ninguna consecuencia «disciplinaria».